Por Julián Francisco Teisseire*
LA REFORMA DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL. ANÁLISIS DOGMÁTICO Y CONVENCIONAL DE LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD A LOS 14 AÑOS (LEY 27.801)
“Es mejor prevenir los delitos que reprimirlos. Este es el fin principal de toda buena legislación, que es el arte de conducir a los hombres al máximo de felicidad.”
Cesare Beccaria, “De los delitos y de las penas” (1764)
I. Introducción
La nueva ley nacional que instaura el régimen penal juvenil en su artículo número 1 establece que será aplicable a las personas adolescentes desde los catorce años hasta el día en que cumplan dieciocho años de edad. Este troncal cambio en el rango etario nos trasmite que efectivamente se amplia el umbral punitivo.
A partir de este nuevo escenario es que debemos preguntarnos si el actual régimen cumplimenta los estándares convencionales y si es el paradigma de protección integral el que se hace presente.
La República Argentina mediante el Poder Legislativo incorporó en el año 1990 la Convención sobre Derechos del Niño (CDN) a la legislación nacional mediante la Ley 23.849 y finalmente en el año 1994 comenzó a formar parte del “bloque de constitucionalidad” al incluirlo en el art. 75 inc. 22 para que se cumpla el objetivo de reconocer, promover y proteger los derechos humanos de las personas menores de 18 años.-
Una vez recordada la centralidad jurídica de la CDN como faro inexpugnable en los modernos Estados de Derecho, comenzaremos a transitar de manera más ordenada hacia un abordaje integral de la cuestión juvenil que supere el frio análisis propio de la dogmática jurídica.
En nuestro país la CDN da por tierra la vetusta concepción tutelar del Decreto Ley 22.278 del año 1980 por el principio de progresividad en tanto mejoría de su protección por parte de los Estados.
En tal sentido los derechos humanos como entronización conceptual asimilable a la dignidad y respeto de la vida humana han encontrado su importancia tras dos acontecimientos mundiales de efectos devastadores: Primera Guerra Mundial (1914-1918) y Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Pues bien, en la Argentina hemos tenido nuestro derrotero político-social después de la última dictadura cívico-militar (1976-1983). El aprendizaje colectivo no ha sido en vano. Como principal lección podemos esgrimir que nos empuja firmemente a valorar el sistema democrático. Este mismo es posible si como comunidad expresada en la voluntad popular pretendemos hacer observancia inclaudicable de los derechos humanos.
Fruto de ese periodo oscuro (quizás el más) en la Historia Argentina es que tiene nacimiento el mencionado Decreto-Ley 22.278, por lo tanto podemos entender que nada es inocuo ni irracional. Se debe al protagonismo de una racionalidad del discurso tutelar la cual nos hace vislumbrar cuál es su sentido político paternalista o el meta-mensaje que el Poder direcciona sobre el cuerpo social. En ella el límite de imputabilidad de un joven era de 14 años, pero en mayo de 1983, el propio gobierno de factor modificó la punibilidad a partir de los 16 años.
II. Del paternalismo tutelar de facto al fenómeno convencional
Con la sanción de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en 2005, si bien se vio profundamente afectado el Decreto-Ley 22.278, se mantuvo el límite de edad de imputabilidad. Será a partir del mes de Octubre de ese año que los menores dejarán de ser vistos como "objetos de tutela o protección" – visión de raíz positivista - por parte del juez para pasar a ser reconocidos como sujetos de derechos. Durante la mayor parte del Siglo XX, Argentina administró los conflictos penales bajo el paradigma tutelar plasmado en normativas anacrónicas heredadas de regímenes no democráticos.
En el 2026 hemos sido testigos de la nueva ley que lleva el número 27081. Lo cual nos abre el interrogante si opera en armonía a los mandatos de la CDN y a los estándares de derechos humanos (Reglas de Beijing, Directrices de Riad y las Reglas de La Habana)
Por lo pronto podemos valernos, para encontrar la respuesta, de la Observación General N° 24 del Comité de Derechos del Niño que recomienda que los Estados fijen una edad mínima razonable y alta[1]. Nos señala que bajarla a los 14 años de edad va en contra de los estándares internacionales de protección de la infancia.
Aquí debemos detenernos para visualizar de manera clara: si bien la Observación mencionada ofrece pautas interpretativas relevantes no poseen fuerza vinculante autónoma que permita invalidar la baja de la edad de imputabilidad decidida por los legisladores en la Ley 27081, pero no debemos olvidar que los Estados firmantes de la Convención están obligados a cumplir el tratado de buena fe (pacta sunt servanda) e ignorarlas puede significar que el Estado está incumpliendo sus obligaciones internacionales ante el Comité.
La fijación de la edad de imputabilidad a los 14 años en la Ley 27.801 instala una paradoja normativa. Si bien la reforma adecua las garantías procesales e institucionales al modelo de la responsabilidad penal de la CDN —superando la lógica tutelar previa—, la reducción del límite de punibilidad colisiona con el principio de no regresividad y desconoce las pautas del Comité plasmadas en la Observación mencionada.
Es decir, el pilar de la crítica jurídica descansa en el Principio de Progresividad y No Regresividad contenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 26) y en el marco de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aplicable por extensión dogmática a los estándares de protección del derecho penal de menores.
III. Sobre el status psicológico del menor. Culpabilidad, interés superior del niño y principio de no proporcionalidad
Comencemos este apartado con las palabras del ex Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni cuando expresa: “Entonces, el reproche penal, el reproche de culpabilidad, el que se le hace a un sujeto por la autonomía que tiene, por haber usado mal su libertad, no puede ser el mismo para un pibe, un adolescente, que, para un adulto, desde el punto de vista de la madurez emocional no es lo mismo”. Pero, además, insiste, diciendo que la ley no puede ignorar la psicología evolutiva cuando manifiesta que “uno llega más o menos a su madurez a los dieciocho años o por ahí”[2].
“Imputabilidad en sentido amplísimo es la imputación física y psíquica, siendo ese el sentido que aparece usada la expresión en el art. 34 del CP, pero no se la utiliza técnicamente en tal sentido amplísimo. Con ella quiere designarse generalmente a la capacidad psíquica de culpabilidad (…) La capacidad psíquica que se requiere para poder imputarle a un sujeto un reproche de injusto es la necesaria para que haya sido posible comprender la naturaleza de injusto de lo que hacía y que le haya podido permitir adecuar su conducta conforme la comprensión de la antijuricidad”[3].
Esto significa que, en el caso concreto, quien determine la imputabilidad o inimputabilidad será el juez, ayudado por las ciencias auxiliares del derecho penal. Es decir, los magistrados deberán tener en cuenta en el momento de decidir que los niños, niñas y adolescentes son personas en formación, en desarrollo madurativo y, en consecuencia, con capacidad de culpabilidad disminuida y éste es el punto neurálgico: la culpabilidad supone la comprensión de la norma, comprensión que se encuentra limitada por el grado de madurez.
Si a esto le sumamos el contexto socioeconómico desfavorable de estos menores estamos ante otro punto neurálgico y arribamos a la conclusión de que más que una pena requieren una respuesta estatal a su problemática diaria con carencias materiales y afectivas.
La responsabilidad penal exige discernimiento, comprensión y libertad de decisión, atributos que difícilmente puedan afirmarse que se posean en estado pleno a los 14 años y menos aun los que viven en estado de emergencia social.
Es aquí donde adquiere un rol esencial la teoría de la culpabilidad por vulnerabilidad sostenido por E. Zaffaroni, A. Slokar y A. Alagia. La teoría creada desde y para este “margen” del mundo por Eugenio Zaffaroni es la que realiza una síntesis de ambos conceptos: el de culpabilidad pura y culpabilidad por la vulnerabilidad selectiva con la que actúa el sistema penal; razón por la cual, en el sistema de justicia juvenil su aplicación deviene, según nuestro entender, necesaria.
De ahí que en este trabajo, pretendidamente académico tematizado en el derecho penal juvenil, nos preguntamos si el derecho penal juvenil conforme la Ley 27801 se ha basado solamente en el concepto de culpabilidad, o sea, aplica el reproche según el hecho cometido.
La pregunta es: ¿contempla la norma la edad y las particularidades propias del rango etario al aplicar el principio de culpabilidad?
A tal efecto, se debe apelar al desarrollo de disciplinas como la psicología evolutiva que tienen tanto para decirnos al respecto. Resultan muy nutritivas las elaboraciones científicas de Jean Piaget[4] y el enfoque psico-educativo de Vigotsky[5]).
Sumado a ello acudimos a la Dra. Mary Beloff quien enfatiza en el principio de culpabilidad que se desprende del artículo 19 Constitución Nacional: “lo que se quiere afirmar a través de este principio es que el sujeto, para ser penado, debe haber podido comprender que su acto era ilícito y debe haber podido decidir comportarse de acuerdo a la norma”[6] Sin embargo el nuevo régimen penal legitima la aplicación del poder punitivo del Estado a sujetos que no han alcanzado la madurez suficiente para comprender plenamente las consecuencias penales de sus actos.
Para reforzar nuestra postura, es dable recordar lo que ha dicho el Juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires Dr. Victor H. Violini: “La convención sobre los Derechos del Niño -de jerarquía constitucional en nuestro País desde 1994- establece con meridiana claridad que “en todas las decisiones que involucren a niños y adolescentes, en interés superior del niño debe ser una consideración primordial” (art. 3). Esa premisa debería orientar toda la legislación en la materia. Sin embargo, lejos de colocar la protección integral de los adolescentes en el centro, este nuevo régimen los transforma en blanco del sistema penal justamente en una etapa vital del desarrollo emocional, cognitivo y moral.”[7]
Lo anterior se corresponde con las palabras de la abogada experta en derechos humanos y ex integrante del Comité de Derechos del Niño de la ONU (2017-2025) Mikiko Otani quien sostiene lo siguiente: “El principio de no regresividad es una noción que se ha desarrollado en relación con la obligación de los Estados de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano encargado de supervisar la aplicación del PIDESC, señaló en su Observación General Núm. 3 (1990) que “[t]oda medida deliberadamente regresiva en este aspecto requerirá la consideración más cuidadosa y deberá justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha acogido este principio en su jurisprudencia, incluida su reciente Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos de 2025 (OC-32/25).
Este principio puede proyectarse, más ampliamente, sobre el conjunto de los derechos humanos, como han sostenido algunos autores, en el sentido de que prohíbe a los Estados adoptar deliberadamente medidas que produzcan efectos regresivos en el goce y ejercicio de los derechos humanos. En efecto, si bien el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece obligaciones estatales de realización de los derechos económicos, sociales y culturales “hasta el máximo de los recursos de que dispongan”, todos los derechos reconocidos en la Convención son indivisibles. El principio reviste especial relevancia respecto del derecho del niño, niña o adolescente alegado como, acusado de, o declarado responsable de haber infringido la ley penal a recibir un trato especial conforme al artículo 40 de la Convención, el cual exige la adopción de medidas sociales y educativas, así como su realización progresiva por parte de los Estados”[8].
En relación a la especificidad del trato diferenciado que debe recibir un menor al estar en el sistema penal el fallo de la jueza penal adolescente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura de Marinis quien declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la nueva Ley. Ella parte de la premisa que no se puede decidir sobre un menor sin conocer al adolescente y así comienza a analizar el hecho imputado, pero también su edad, su trayectoria vital, sus condiciones materiales, sus vínculos, su escolaridad, sus expectativas, etc.
El principio al que acude es al de proporcionalidad. Es decir, no se pregunta si la pena o la reacción estatal es adecuada en relación con la gravedad objetiva del hecho cometido sino que incorpora, como dijimos en el párrafo anterior, las circunstancias personales y contextuales.-
En el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el principio de proporcionalidad es un estándar fundamental que limita el poder punitivo del Estado y orienta la toma de decisiones jurídicas y administrativas. Su máxima expresión se encuentra en el Artículo 40 de la CDN que regula los parámetros para reglamentar la Justicia Penal Juvenil.
A diferencia de la justicia para adultos, donde la proporcionalidad equilibra principalmente la gravedad del delito con la severidad del castigo, en la CDN adquiere una dimensión sui generis enfocada en el interés superior del niño y la reintegración social.
Será en la Observación General 14 del Comité de Derechos del Niño de la ONU la que aclare y detalle cómo se debe aplicar todo lo relacionado con la materia penal juvenil teniendo en cuenta como eje el interés superior del niño. Y lo mismo hace la CDN en el inciso 1 del artículo 3.
Por lo tanto, es categórico sostener que el interés superior del niño opera en el derecho penal como un límite absoluto a la potestad punitiva del Estado, transformando el proceso penal de un espacio de penalización a una herramienta de reintegración social y asunción de responsabilidades de forma pedagógica, es decir que comprenda que su conducta tuvo consecuencias y pueda así hacerse responsable de lo acontecido lo que seguramente modificará su conducta en el futuro.
El Estado Argentino recibió una condena internacional de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de Mayo de 2013 estando en vigencia el Decreto-Ley 22.278 (“Mendoza y otros vs. Argentina.[9]”) toda vez que el mismo incumplía con la obligación de adaptar disposiciones de derecho interno en materia penal juvenil a los estándares convencionales. En dicha oportunidad el Tribunal internacional indicó la necesidad de una reforma del Régimen Penal de la Minoridad ordenando que se haga en base a los estándares de proporcionalidad, finalidad de reintegración social y protección especial de los niños y adolescentes.
Así también fue la resolución de la Corte Suprema en el fallo “Maldonado”[10] como bien nos enseña la Dra. Mary Beloff[11]: “el pronunciamiento de la Corte en el fallo “Maldonado” modificó de manera significativa la interpretación y aplicación de la ley 22.278, al no declarar la inconstitucionalidad de la ley y permitir, mediante una hermenéutica que la hizo compatible con los estándares internacionales de derechos humanos mencionados, su aplicación en la República Argentina”.
O sea: el Máximo Tribunal afirmó que las cuestiones jurídicas que involucran a las infancias deben ser analizadas a partir de la CDN, lo cual se encuentra inscrita dentro de la corriente que considera que las normas internacionales de derechos humanos incorporadas al texto constitucional deben ser aplicadas de manera directa y tienen jerarquía suprema.
La nueva ley 27801 deroga el Decreto–Ley 22.278 y sus modificatorias, tal como ha sido requerido por la CIDH, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, pero dicha norma dista de armonizar el sistema interno al internacional por cuanto no se ajusta a los estándares y exigencias internacionales en la materia.
A lo expuesto por el mayor rango de alcance etario se le suma una novedad que incrementa el carácter punitivista. La ley 27.801 amplía las conductas que será pasibles de persecución penal pues el artículo 1° reglamenta que la personas serán punibles “cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”, sin hacer distinción alguna en función de lesividad y monto de pena de delito. De esta manera, TODOS los delitos contemplados en el Código Penal y leyes especiales, sin importar que la afectación al bien jurídico sea sumamente ínfima (principio de insignificancia), son perseguibles penalmente en los menores a partir de los 14 años.
Este escenario contraria, primeramente, el principio de no regresividad, pero también atenta contra los principios de mínima intervención, de lesividad, y contra los propios fines del derecho penal juvenil. La CDN y el cuerpo normativo en la materia son claros al establecer que se debe evitar el contacto con el sistema penal y se tiene que promover “la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales” (art. 40, apartado 3, inciso b).
Es notable como abre también un umbral por donde se incorpora la figura de reincidencia que hasta el momento estaba expresamente prohibida para niñas, niños y adolescentes. En efecto, el art. 5 Decreto-Ley 22.278 regulaba que “Las infracciones cometidas por menores de 18 años no se computan a efectos de la reincidencia cuando esa persona llega a la adultez”. Sin embargo, la ley 27.801 incorpora el concepto de reincidencia como requisitos a comprobar para la determinación, modalidad y monto de la pena en el párrafo segundo del inciso e en el artículo 4.su art. 5.
IV. Disposiciones que suscitan objeciones de convencionalidad
1. Artículo 5, inciso e): prevención y culpabilidad
La norma incorpora, entre las finalidades de la sanción, la disminución del riesgo de comisión de nuevos delitos. Esto plantea el interrogante de si la prevención puede desplazar a la culpabilidad como fundamento y límite de la pena. El riesgo de reincidencia no puede justificar una sanción superior al reproche que corresponde por el hecho cometido.
2. Artículo 25: peligrosidad del adolescente
La evaluación de la peligrosidad y del riesgo de nuevos delitos, en el marco del procedimiento para declarar la inimputabilidad, suscita objeciones a la luz de los artículos 3, 16, 37 y 40 de la CDN. La peligrosidad futura no debe sustituir los presupuestos jurídicos de la responsabilidad ni justificar restricciones de derechos carentes de fundamento legal suficiente.
3. Artículos 10, 16 y 21: incumplimiento de medidas alternativas
Las consecuencias que pueden conducir a una sanción más severa requieren una evaluación individualizada de las causas del incumplimiento. Una conversión automática en privación de libertad podría contrariar el artículo 37, inciso b), de la CDN, que exige que el encierro sea el último recurso y dure el período más breve que proceda.
4. Artículo 11: restricciones a las penas alternativas
La exclusión de alternativas por la existencia de procesos pendientes plantea una posible tensión con la presunción de inocencia. Una imputación no equivale a una condena y no debería producir efectos que supongan anticipar la culpabilidad del adolescente.
5. Artículo 19: penas de hasta quince años
El máximo legal debe examinarse a la luz del artículo 37, inciso b), de la CDN y de los principios de proporcionalidad y reintegración social. Aunque la Convención no establece un máximo universal de años, una pena prolongada exige una justificación especialmente rigurosa de su necesidad y proporcionalidad.
6. Artículo 30, inciso a): traslado a establecimientos para adultos
El traslado al alcanzar los dieciocho años debe analizarse conforme al artículo 37, inciso c), de la CDN. Una decisión automática, sin valorar las circunstancias individuales y el interés superior de la persona, puede comprometer su protección y reintegración social.
7. Artículo 1: edad mínima de responsabilidad penal
La inclusión de adolescentes desde los catorce años no configura, por sí sola, una infracción de la CDN. Sin embargo, exige examinar si el régimen garantiza una respuesta diferenciada, proporcional y adecuada a las particularidades del desarrollo adolescente.
V. Aproximaciones finales. Desafío del Estado de Derecho en la República Argentina
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su Preámbulo afirma que “en repetidas ocasiones, los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana”[12].
Resulta preclaro que los derechos humanos no son una concesión del Estado ni una licencia, son una obligación que deben ser reconocidos y respetados. Me valgo de las palabras de la jurista argentina M. Pinto: “implica no solamente la consagración legal de los derechos subjetivos necesarios para el normal desarrollo de la vida del ser humano en sociedad, que el Estado debe respetar y garantizar, sino el reconocimiento de que la responsabilidad internacional del Estado queda comprometida en caso de violación no reparada[13]."
Con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 hemos incorporado, como se ha dicho, los tratados internacionales al texto constitucional. De tal manera que los derechos humanos entran al campo normativo con mayor ímpetu que de antaño. De manera seguida podemos sostener que el sujeto originario y necesario del derecho internacional es el Estado quien goza de plena capacidad jurídica y es por ello que asume obligaciones ante el concierto de las naciones involucradas por lo que su inconducta acarrea responsabilidad ante los estrados y organismos creados como tales fuera de los límites de nuestro país.
Con la sanción de la Ley 27801 nuestro país se aleja del Derecho Internacional Público y del Derecho Internacional de Derechos Humanos. El verdadero desafío de un Estado de Derecho democrático no reside en expandir las mallas del sistema penal hacia la infancia temprana, sino en consolidar una justicia penal juvenil donde la privación de la libertad sea la última ratio y prevalezcan las medidas socioeducativas, preventivas e integrales. La Ley 27.801 representa, en definitiva, un retroceso que desnaturaliza la protección integral de los derechos humanos en la Argentina.
Paralelamente un país cuya sociedad piensa más en castigar a sus jóvenes que en generar las condiciones para que ellos crezcan y se desarrollen al margen del delito revela una enajenación severa y rifa su futuro de manera alarmante.
Como lo destaca Garzón Valdés: “Una sociedad que no asegure la satisfacción de las necesidades básicas de la mayor parte de la población (los niños lo son) es una sociedad miserable. Y una sociedad estructurada de forma tal que la obtención del bienestar de parte de sus miembros es sólo posible a costa de la mayoría es injusta. Las sociedades latinoamericanas y sus similares caen, pues, dentro de la clase de las sociedades miserables e injustas[14]."
En cuanto al derecho penal: nunca ha solucionado ni solucionará ningún problema a lo largo de la historia, ya que generalmente llega a resguardo de un bien jurídico afectado. Entonces ¿cómo se supone que lo que tendría que ser utilizado como última ratio se pretenda utilizar de manera abarcadora e indiscriminada, generando un daño mayúsculo?
Los legisladores prefirieron el “efecto placebo” como bien lo define la profesora Beloff[15], que indagar cuáles son los problemas que llevan a los menores de 16 años a incurrir en la delincuencia.
El derecho penal juvenil debe solamente encontrar justificación legítima en un derecho penal mínimo y a su vez reductor del poder punitivo. Su función es aún más trascendental porque en tanto en este campo de saber, el principio de culpabilidad -tomado de las teorías absolutas- es imprescindible como factor de reducción del fin de prevención especial positiva que debe predominar en toda pena o medida que se tome en el proceso penal juvenil.
Desde este espacio podemos afirmar que la nueva ley de régimen penal juvenil no respeta el bloque de constitucionalidad y no se adhiere al paradigma de protección integral. Primeramente, la razón que nos asiste es el fundamento principal: la edad de la baja de la imputabilidad significa un ardid de la arena política en su discurso demagógico punitivista. El problema surge cuando la culpabilidad deja de ser concebida como reprochabilidad y se sustenta en la peligrosidad, camuflándose esta última en un derecho penal de acto, donde la respuesta punitiva del Estado no se dirige hacia lo que el autor hace, sino hacia lo que el autor es, desconociéndose el principio de antijuridicidad material. Se realiza en la práctica una batalla basada en un arquetipo lombrosiano propio del derecho penal del enemigo: “el joven delincuente”.
Segundo, estamos asistiendo a una desavenencia por parte del Estado de desligarse de sus obligaciones internacionales en materia de justicia juvenil en aras de un posicionamiento aislacionista de tinte demagógico.
Tercero, desde una mirada de realidad nacional, los números estadísticos no relejan una problemática en ascenso. Tomemos como ejemplo el caso de la provincia de Buenos Aires. El artículo 64 de la ley 13634 (del fuero penal juvenil) habilita la imposición de medidas de seguridad para jóvenes no punibles (menores de 16 años de edad) del siguiente modo: “En casos de extrema gravedad en los que las características del hecho objeto de intervención del sistema penal aconsejen la restricción de la libertad ambulatoria del niño inimputable, el fiscal podrá requerir al juez de Garantías el dictado de una medida de seguridad restrictiva de libertad ambulatoria, en los términos previsto por la legislación de fondo”.
La práctica demuestra, no obstante, que estas medidas rara vez son requeridas y muy rara vez son concedidas. El informe "Participación de adolescentes en la criminalidad de la provincia de Buenos Aires, 2012-2023" (diciembre de 2024), elaborado por el Gobierno bonaerense, indica que la participación de adolescentes en delitos en dicha provincia cayó del 4,3 % en 2012 al 2,2 % en 2023[16].
El promedio en el departamento judicial de La Plata es ilustrativo: sólo se solicitan medidas de seguridad en el 1% de las causas en las que se podría, y sólo en el 0,5% son otorgadas por los jueces. Aun en los casos en los que la medida se concede, ella no es demasiado gravosa para la libertad del imputado, porque el promedio de duración va entre 10 a 30 días[17].
A nivel nacional, UNICEF ha señalado que la mayoría de los conflictos que involucran a adolescentes están vinculados con la propiedad. Estos datos evidencian que la criminalización temprana no resuelve el problema de fondo. Por el contrario, las causas de la violencia y la criminalidad juvenil radican en factores estructurales más profundos[18].
Cuarto, la psicología evolutiva da cuenta que la identidad y pertenencia de grupo en los primeros años de la adolescencia se lesiona severamente cuando se propone su ingreso a edades tempranas al sistema penal, pues ello lo etiqueta de manera drástica en el momento más sensible de la construcción de su personalidad: se lo reafirma como delincuente.
Con todo nunca olvidar que el derecho penal juvenil constituye un derecho penal especial por sus características esenciales y fines particulares, es decir, un saber diferente al penal de adultos u ordinario. La adopción de la medida legislativa de bajar la edad en los menores resulta de una desinteligencia supina pues no reconoce el verdadero sentido de este fuero penal especifico y mucho menos del menor, figura central de todo este entramado social, político y legal.
El Derecho Penal será un éxito institucional como sistema racional destinado a minimizar la violencia si se pugna por un modelo de Estado Social de Derecho que recupere la compasión antes que la tiranía propia de la exclusión.
Finaliza y resume nuestra postura las palabras del Dr. Zaffaroni al recibir el galardón de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de Macerata -Italia- en el año 2002
“…el reproche pierde legitimidad ética cuando se le formula sólo a unos pocos seleccionados entre los más vulnerables”.
Notas
[1] insta a los Estados partes que tienen una edad mínima más alta, por ejemplo, 15 o 16 años, a que no reduzcan la edad mínima de responsabilidad penal en ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 41 de la Convención".
[2] https://4palabras.com/zaffaroni-la-ley-penal-juvenil-no-responde-a-ninguna-necesidad/
[3] “Manual de Derecho Penal. Parte General”, E.R.Zaffaroni, páginas 533 y 534.
[4] Piaget, J (1984), El criterio moral en el niño, España: Ed. Martínez Roca
[5] https://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/246
[6] “La pena adecuada a la culpabilidad del imputado menor de edad”. Mary Beloff, pag. 95
[7] https://www.pagina12.com.ar/825018-bajar-la-edad-de-imputabilidad-un-retroceso-peligroso-para-l/
[8] https://agendaestadodederecho.com/argentina-y-el-nuevo-umbral-14/
[9] https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_260_esp.pdf
[10] CSJN., “Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado – Causa Nº 1174” Recurso de Hecho, sentencia del 7 de diciembre de 2005., Fallo: 328:4343. Número de Expediente M.1022.XXXIX.-
[11]https://www.researchgate.net/publication/397676640_Debido_proceso_y_ninos_inimputables_en_razon_de_la_edad_en_la_jurisprudencia_argentina
[12] CIDH, Documentos Básicos en materia de derechos humanos en el sistema interamericano, OEA/Ser.L/V/I.4 rev. 12 (S), adoptada en la Novena Conferencia de Estados Americanos, Resolución XXX, 2 de mayo de 1948.
[13] Pinto, M. (1997). Temas de derechos humanos. Buenos Aires: Editores Del Puerto, p. 10.
[14] GARZÓN VALDÉS, Ernesto, “Desde la «modesta propuesta» de J.Swift hasta las «casas de engorde». Algunas consideraciones acerca de los derechos de los niños”, Doxa, n° 15-16, 1994, pp.731/743, p. 740.
[15] Beloff, M. (2011). La protección de los niños y las políticas de la diferencia. Lecciones y Ensayos, (89), 417.
[16] https://www.mpba.gov.ar/files/estadisticas/IPP%20FRPJ%202023.pdf
[17] VUOTTO, Lorena, “Legitimación concreta de las medidas de seguridad del fuero penal juvenil de la provincia de Buenos Aires de la ley 13634”, en BELOFF, Mary (dir.), Estudios sobre edad penal y derechos del niño, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2013,pp. 103-127, p. 116.
[18]https://www.unicef.org/argentina/media/22711/file/2024_Posicionamiento%20penal%20juvenil.pdf.pdf
*Recibido de abogado en Universidad Blas Pascal (2017), Escuela Judicial del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (2020 – 2022), Capacitación Universitaria Extracurricular en Genocidios y Crímenes contra la Humanidad Convenio Fundación SHOLEM, UBA Filosofía y Letras (2024), Posgrado de Derecho de la Magistratura en la UCA Sede Rosario (2018-2020), Posgrado de especialización en Derecho Penal en la UBA (2024-206). Desde el 2018 hasta la actualidad trabajo en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Departamento Judicial de San Nicolás, en el Juzgado de Garantías del Joven de San Nicolás de los Arroyos.
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