Por Franco Ruffino*
LA PRISIÓN PREVENTIVA: ENTRE EFICACIA PROCESAL E IMPARCIALIDAD DEBIDA
I. Introducción
El problema objeto de estudio radica en que en la provincia del Chaco se faculta mediante el Código Procesal Penal (en adelante CPPCh) al Ministerio Público Fiscal (MPF) para decretar la prisión preventiva a imputados, denotando una controversia con lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Nacional (CN) respecto al juez natural, en contraste con el tránsito del sistema inquisitivo mixto vigente desde 1971 (Molero y Grbavac, 2020, pp. 17-20) hacia el actual modelo acusatorio adversarial.
Entendiendo que la regla por antonomasia es que se mantenga la libertad de las personas y que excepcionalmente se recurra a su interrupción mediante la detención, incluso priorizando remedios menos gravosos, y que la medida, en caso de disponerse, sea ordenada por un juez que reúna los requisitos del art. 18 CN, cosa que no ocurre en la provincia bajo exégesis.
Es por ello el tamaño y la urgencia del tratamiento del tema, dado que a la fecha hay numerosas personas que se encuentran cumpliendo una prisión preventiva, viendo afectado uno de los derechos fundamentales más preciados, que es el de la libertad de locomoción, que además podemos vincularlo con la afección al derecho al trabajo, a la familia, el honor, entre tantos otros, esperando que llegue el día del juicio para que se dirima su situación, misma en donde puede quedar la persona libre de cargos y culpa. Lo último mencionado lleva a reflexionar sobre el tiempo en que la persona estuvo encerrada, tratando de responder múltiples preguntas subjetivas en torno a si su libertad y su estado de inocencia se vieron vulnerados durante ese tiempo de encierro, lo cual sin dudas le resultó disvalioso no solo en lo económico sino también en cuestiones intangibles.
Hay que agregar a lo ya dicho que esta herramienta que tiene el MPF en Chaco muchas veces carece de los argumentos de rito exigidos para su procedencia —básicamente, el peligro de fuga o el entorpecimiento procesal—, proliferando en cambio alegaciones ajenas al corpus legis ritual, redundando en la gravedad de los hechos, las presiones mediáticas, lo que se conocía como portación de rostro, entre otros.
Por ello, desde esta perspectiva se busca dar la discusión no solo doctrinal, sino normativa de rever el tema, priorizando, como debe imperar, nuestra CN y los Tratados del art. 75 inciso 22. Nuestra CN tiene un corte social que habilita a quienes somos funcionales a la justicia debatir sobre lo que se entiende como una regulación deficitaria.
También, con el paradigma que demostró el animus del legislador en Chaco, pasando a un CPPCh de corte acusatorio es que debe replantearse la facultad estudiada, ya que es totalmente retrógrado, recayendo en lo más profundo y originario del método inquisitivo, algo que conforme la sociedad actual, es intolerable.
II. Métodos
La investigación llevada a cabo es de tipo cualitativa, con un claro marco dogmático-jurídico de carácter estrictamente analítico-comparativo, no experimental. En primer término, se emplearon herramientas normativas provinciales y nacionales para dar contraste con el art. 18 de la CN y los instrumentos mencionados en el art. 75 inc. 22 del mismo.
Acto seguido, se hizo una comparación entre el régimen procesal de la provincia del Chaco en relación al sistema nacional —inclusive con el nuevo Código Procesal Penal Federal— con el objetivo de poner en evidencia las divergencias de facultades de disponer la prisión preventiva.
Finalmente, se realizó un relevamiento de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), estrechamente vinculada a los estándares de la fundamentación de la peligrosidad procesal. Se utilizaron fuentes primarias que incluyen normas y fallos de la CSJN, y secundarias que se vinculan a la doctrina.
III. Resultados y Discusión
Conforme el art. 345 del CPPCh, el Fiscal dispondrá la prisión preventiva —dentro de los diez días de la declaración del imputado— cuando concurra alguna causal del art. 289, que refiere al riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación penal preparatoria (IPP).
La interferencia constitucional surge cuando quien dicta la medida cautelar es el mismo organismo que acusa al imputado, violando lo ordenado por el art. 18 de la CN, que de manera implícita refiere al juez natural, principio que, según García Minella (2018, p. 94), exige competencia, imparcialidad, independencia y previa fijación legal.
De no reunirse imparcialidad, se viola el principio, afectando el debido proceso. La imparcialidad refiere a la ausencia de intereses (Ferrajoli, 1995, citado en García Minella, 2018, p.96), cosa que no sucede con el MPF, de carácter acusador y por ende parte interesada.
En materia ritual nacional, el art. 312 del CPP de la Nación faculta al juez para dictar, en casos puntuales, la PP, cosa que no sucede en Chaco, donde esa facultad se la reserva el MPF. El nuevo CPP Federal, que a la fecha no rige en todo el país, orienta hacia lo que deben aspirar las legislaciones provinciales en ejercicio de sus facultades reservadas: un proceso pro homine y acusatorio adversarial, con paradigma en el art. 75 inc. 22 de la CN, y con un juez que evalúa y decide, según el CPP, si es pertinente la medida cautelar.
Lo que se pone en pugna, entonces, no es un problema contra el MPF, sino una controversia entre el proceso penal chaqueño y la CN: se otorgó a ese organismo una herramienta que no le corresponde, sino que debe usar un juez competente, afectándose el juez natural (art. 18 CN) y las normativas nacionales expresadas ut supra.
El recordado fallo "Nápoli" de la CSJN en 1998 previó el mal uso y el error del legislador al determinar algunos supuestos delitos con PP casi de manera inmediata, algo que aún persiste en casos mediáticos, a contramano de la norma, la jurisprudencia y la doctrina. En el caso en cuestión el Poder Legislativo soslaya de alguna manera el control jurisdiccional de un derecho fundamental como el de la libertad de locomoción y también la presunción de inocencia, algo similar ocurre en Chaco, pero con el MPF.
Si el precedente anterior es de utilidad para dar sustento jurisprudencial al trabajo, el caso "Loyo Fraire" lo es aún más: allí la CSJN, en un criterio luego extendido a fortiori a los casos previos al juicio, sostuvo que ni la gravedad del delito ni el monto de la pena en expectativa son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva, siendo necesarios además indicios concretos de riesgo procesal.
Para subsanar el principio constitucional dañado en la provincia, es dable recurrir a una reforma del CPPCh donde siga prevaleciendo la medida cautelar, pero que no sea ella una facultad reservada al MPF, sino que se le dé dicha atribución al Juez de Garantías, quien vela por la legalidad y protección de la CN y los Instrumentos del art. 75 inc. 22, actuando conforme el art. 18 como tercero imparcial. De esta manera, Chaco dejará atrás un error legislativo, haciendo eficaces las garantías de las personas y, sobre todo, estará en consonancia con nuestra CN y pasará a tener un CPP mucho más acusatorio y adversarial que ese rezago mixto que todavía no lo libera del pasado inquisitivo.
Quienes defienden esta atribución que tiene el MPF sostienen que no se elimina el control jurisdiccional, sino que se lo relega para más adelante en el tiempo del proceso, ello mediante recurso de oposición interpuesto ante el Juzgado de Garantías. Ahora bien, de nada sirve que la tutela llegue cuando ya se vieron afectados los derechos de la persona, pudiendo haberse protegido ex ante. El derecho reconocido en el art. 18 CN no debería tener que verse ya vulnerado para que, de manera posterior, llegue la tutela judicial.
Es cierto que el derecho a veces llega tarde y las necesidades son primigenias, pero la historia nos decanta que existieron resguardos jurisprudenciales previo a las disposiciones, véase el amparo. Con lo dicho se pretende llamar a reflexión a los jueces que, con el carácter de control de constitucionalidad difuso que impera en el país, pueden colaborar de manera más expedita en suplir el error de uno de los poderes del Estado chaqueño y llegar a tutelar a los que se encuentran vulnerados.
En efecto, la problemática del asunto en discusión no versa sobre la constitucionalidad —o no— de la medida cautelar de PP, ya que notoriamente tiene validez la misma; lo que sí genera debate es el órgano facultado para que se materialice el instituto, que provoca una alteración al art. 18, violando el principio del juez natural.
Las incógnitas pasan por responder si alcanza con una mera reforma del art. 345 del CPPCh, o si la praxis arraigada al estilo necesita una reforma total del código de rito para, de esta manera, dejar atrás el sistema actual. ¿Están preparados los juzgados de garantías, o deben crearse nuevos juzgados para tales fines?
La hipótesis del inicio se confirmó, y cabe resaltar que la disputa no debe pasar por la dogmática, sino por la realidad que viven los afectados y sus familiares.
IV. Referencias
Congreso de la Nación Argentina. Sancionado el 21 de agosto de 1991 y promulgado el 04 de septiembre de 1991. Código Procesal Penal de la Nación, Ley 23.984. Infoleg. Link: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/383/texact.htm
Congreso de la Nación Argentina. Sancionada el 15 de diciembre de 1994 y promulgada el 03 de enero de 1995. Constitución de la Nación Argentina, Ley N° 24.430. Infoleg. Link: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
Congreso de la Nación Argentina. Sancionado el 04 de diciembre de 2014 y promulgado el 09 de diciembre de 2014. Código Procesal Penal Federal, Ley 27.063. Infoleg. Link: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/239340/texact.htm
Corte Suprema de Justicia de la Nación. (1998). Nápoli, Erika Elizabeth y otros s/infracción art. 139 bis del C.P. Fallos 321:3630.
Corte Suprema de Justicia de la Nación. (2014). Loyo Fraire, Gabriel Eduardo s/p.s.a. estafa reiterada. L. 196. XLIX.
García Minella, G. (2018). Artículo 18. En G. I. Risso (dir.) y P. J. Lega (coord.), Constitución de la Nación Argentina. Comentada. Anotada. Concordada (1.ª ed., pp. 86-103). Hammurabi.
Molero, M. A., y Grbavac, H. (2020). Código Procesal Penal de la Provincia del Chaco, Ley N° 965-N (antes Ley N° 4538). Contexto.
Poder Legislativo de la Provincia del Chaco. Sancionado el 02 de mayo de 1983 y promulgado el 02 de mayo de 1983. Código Procesal Penal, Ley 1062.
Poder Legislativo de la Provincia del Chaco. Sancionado el 04 de noviembre de 1998 y promulgado el 03 de junio de 1999. Código Procesal Penal, Ley 965-N.
*Investigador en UES21 “Democracia Digital, comoderecho humano y ambiental”, Profesor de Introducción al Derecho (UCP), Estudiante de Maestría en Derecho Procesal Constitucional (UNNE).
Si desea participar de nuestra «Sección Doctrina», contáctenos aquí >>
