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Por Lautaro Moreira Grado*
LA AUTONOMÍA DEL DERECHO DEL TRABAJO Y EL SISTEMA TARIFADO COMO LÍMITE AL DERECHO COMÚN
I. Introducción
El fallo dictado por la Sala Primera del Tribunal del Trabajo de Formosa en la causa "Escudero, Fernando Exequiel c. Cooperativa de Trabajo Virgen de Itatí Limitada y/o Q.R.J.R. s. Acción Común" (27/04/2026) pone límites claros a las fronteras entre el Derecho del Trabajo y el Derecho Civil. Hoy, en medio de discusiones sobre si se pueden aplicar las normas de responsabilidad civil al contrato de trabajo, los jueces acertaron al ratificar la autonomía de nuestra materia. De este modo, cierran la puerta al uso del derecho común para reclamar daños derivados de incumplimientos contractuales del empleador.
II. La naturaleza forfataria del artículo 245 LCT como cláusula de cierre
El punto central del fallo es la defensa del sistema tarifado como un pilar del orden laboral. La indemnización por antigüedad del artículo 245 de la LCT es una reparación forfataria (forfait, o “precio fijo”). Funciona como un sistema cerrado que cubre, de manera presunta, todos los daños patrimoniales y extrapatrimoniales (morales o psicológicos) que el despido le genera al trabajador. Conforme los fundamentos del voto analizado, si permitimos que el empleado alegue "mayores daños" contractuales para exigir una reparación integral civil, rompemos el equilibrio de la norma. El sistema tarifado deja de lado el cálculo milimétrico del perjuicio real a cambio de un beneficio mayor (para empresa y trabajador): la previsibilidad económica, algo clave para la seguridad jurídica y la supervivencia de las empresas.
III. El rechazo a la "importación indebida" del derecho común
Coincidimos con el Tribunal en que el derecho civil no se aplica de forma automática en el ámbito laboral. El propio Código Civil y Comercial, en el segundo párrafo del artículo 1252, aclara su alcance y excluye expresamente sus normas de las obligaciones laborales.
Habilitar reclamos con nombres nuevos creados por la jurisprudencia —como el "daño previsional" o el "daño extrínseco" por falta de registro laboral— es lo que la doctrina -el fallo cita a Pizarro- llama una "importación indebida" de institutos. Esto genera una acumulación de indemnizaciones sobre un mismo hecho. El incumplimiento del contrato de trabajo ya tiene sus propias sanciones específicas dentro del marco de la policía del trabajo. Buscar soluciones fuera de este régimen propio desnaturaliza la materia. Por su parte, la Ley de Modernización Laboral modificó los artículos 245 y 278 de la LCT, dejando en claro que el régimen laboral de indemnizaciones es incompatible con el de daños y perjuicios del Código Civil y Comercial.
IV. La desnaturalización del sistema: activismo judicial y litigiosidad estratégica
Es muy acertada la advertencia del fallo frente a los intentos de ciertos sectores de la justicia y del foro de forzar la apertura de nuevas vías de reclamo. Estas interpretaciones "creativas" responden a una estrategia de manipulación de las normas que afecta directamente la división de poderes.
Cuando se intenta esquivar la derogación o el cambio de regímenes sancionatorios (como pasaba con el viejo artículo 80 de la LCT o las leyes 24.013 y 25.323) inventando figuras del derecho civil, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Este activismo, basado en posturas ideológicas o en un romanticismo protector malentendido, hace que el juez pierda su neutralidad y tome partido en el conflicto. Al convalidar reparaciones fuera de la tarifa con montos imposibles de prever, se alimenta la "industria del juicio" y se crean deudas impagables para las PyMEs. Los jueces deben limitarse a frenar abusos manifiestos, no a armar programas sociales paralelos pasando por encima de la ley vigente.
V. Nuestra postura: el equilibrio del juez y el cuidado de las fuentes de trabajo
Frente a los excesos del activismo, hay que rescatar el verdadero rol de la justicia laboral: mantener el equilibrio. Como explicaba Deveali - también citado en la sentencia-, el Derecho del Trabajo debe pararse en un lugar intermedio y rechazar las preferencias absolutas tomadas de antemano. Creer que la protección al trabajador implica desarmar jurídicamente a la empresa, o caer en el error de poner los derechos individuales por encima de la fuente de empleo, es una equivocación grave.
La continuidad de la empresa es un valor social clave, porque es la base real de la que dependen la producción y la estabilidad del mercado de trabajo. Si la justicia ignora el impacto de sus fallos y convalida condenas impagables, cae en lo que Lorenzetti define como una "tutela inmediata que deviene en desprotección mediata": se destruyen las ganas de emprender y se frena la economía. Sin empresa no hay empleo. Por eso, cuidar la sustentabilidad del empleador es la forma más eficaz de mantener en pie el propio sistema de protección al trabajador.
VI. Conclusión y llamado a la justicia
El control judicial tiene que respetar el esquema socioeconómico que armó el legislador, sobre todo después de las últimas reformas. La equidad que busca proteger al trabajador no da derecho a destruir a las empresas con condenas que licúan su capital de trabajo. El fallo comentado es un buen ejemplo de prudencia y solidez técnica.
Este análisis no busca ser un pedido abstracto, sino marcar un criterio útil para los tribunales del país. La realidad exige mirar más allá del caso concreto y evaluar las consecuencias económicas de las sentencias. Los jueces laborales no pueden defender un derecho individual si eso pone en riesgo a la estructura productiva. Cuidar la continuidad de las empresas no es desproteger al trabajador; es proteger el bienestar general a través del único ecosistema capaz de generar y sostener el empleo formal en el tiempo.
*Abogado matriculado con sólida trayectoria interdisciplinaria que integra el Derecho, las Finanzas y Mercado de Capitales, y la Administración de Empresas.
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