Por Brian E. Cáceres*
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y HONORARIOS PROFESIONALES
COMENTARIO A LOS FALLOS CSJN "MARTINUZZI, LUISA RAQUEL MARIA C/ OMINT SA DE SERVICIOS S/AMPARO"; "PERFORM CONTENT LIMTED C/ METRO WORLD DIGITAL S.A. Y OTRO S/ MEDIDA PRECAUTORIA"
El 3 de septiembre de 2026 la Corte Suprema de Justicia de la Nación -en adelante CSJN- dictó dos fallos sobre regulación de honorarios que -mirados juntos- dicen más que por separado. En “Martinuzzi c/ Omint” la CSJN descalificó a una Cámara que había reducido los honorarios de dos letrados de veintidós a catorce UMA –es decir, por debajo del mínimo de veinte que el artículo 48 de la ley 27.423 fija para el amparo- con esta única explicación: “ponderando el tipo de acción intentada, la extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada y el resultado obtenido”. Por su parte, en “Perform Content Limited c/ Metro World Digital” encontró equivocada a otra Cámara que hizo exactamente lo contrario, esto es, elevar los honorarios de 462,98 UMA a 5411,2 UMA para cada letrado -más de quinientos sesenta y tres millones de pesos al día de la sentencia- invocando que había incurrido “en un error material”, sin precisar cuál fue la base regulatoria ni qué porcentaje de la escala aplicó. Direcciones opuestas pero idéntico vicio: una fundamentación aparente asentada en meras afirmaciones dogmáticas. Y una expresión del Ministro Lorenzetti que conviene resaltar porque describe el problema con absoluta claridad: “pautas de excesiva laxitud”.
Ninguno de los dos fallos menciona la inteligencia artificial. Pero leídos juntos delimitan el terreno en el que, más temprano que tarde, habrá que discutir una pregunta que la práctica ya empieza a imponer: cuando un abogado litiga asistido por sistemas de inteligencia artificial generativa –sea para relevar jurisprudencia, sistematizar grandes volúmenes de prueba, ensayar argumentos o simplemente armar el primer borrador de un escrito- ¿cambia algo en el modo en que su trabajo debe ser retribuido? Y si cambia, ¿en qué sentido?
Creo que hay dos lecturas posibles sin que una excluya a la otra. La primera nos dice que la herramienta suma valor: exige preparación para su manejo, impone un deber reforzado de verificación -los escritos con citas jurisprudenciales inexistentes ya no son una anécdota del derecho comparado-, agrava la responsabilidad de quien firma, que es pauta arancelaria expresa, y supone una inversión real en licencias, capacitación y resguardo del secreto profesional. Descontar por eso equivaldría a que el profesional cargue con el costo de la mejora y el obligado al pago se quede con todo el beneficio. La segunda lectura dice lo contrario, pero –entiendo- con igual coherencia: en provincia de La Rioja, el artículo 5° inciso 2° de la Ley 4170 manda ponderar el “mérito” de la labor, y mérito supone atribución, mérito de alguien por hacer algo; si dos colegas obtienen idéntico resultado y uno desplegó conocimiento acumulado durante diez, quince o veinte años mientras el otro transfirió esas operaciones a un sistema, revisó la salida y firmó, ¿es razonable que ambos perciban lo mismo?
Considero que previo a responder conviene mirar qué mide realmente nuestro arancel, porque la respuesta podría sorprender a más de uno de los abogados litigantes. De las siete pautas del artículo 5° de la Ley 4170 sólo una alude al tiempo, y de modo ambiguo. Luego, el artículo 10 divide el proceso en porcentajes atados a actos procesales: no pregunta cuánto se tardó en redactar la demanda, pregunta si se redactó. Hay incluso otro espacio de la norma que no puede pasarse por alto: el inciso 4° de ese artículo 5° retribuye el traslado del profesional fuera del radio urbano del tribunal, criterio que la notificación electrónica y la audiencia remota vaciaron por completo sin que nadie propusiera, por eso, reducir honorarios. La tecnología ya absorbió una pauta arancelaria en silencio y no surgió ningún debate.
Acá es donde el criterio sentado en “Perform Content” podría resultar más inquietante que su par de la misma fecha. El dictamen del Procurador Fiscal al que la Corte remite recuerda la doctrina de “Central Puerto” (Fallos: 339:643): cuando la aplicación de los porcentajes arancelarios arroja valores desproporcionados con la entidad de la labor a remunerar, corresponde regular conforme a la importancia, mérito, novedad, complejidad y eficacia de las tareas cumplidas, y hacerlo sin sujeción a los mínimos, de modo de arribar a una solución justa y mesurada. Adviértase además como argumentó la recurrente en ese expediente, ya que sostuvo que los letrados “solo realizaron una presentación” que no revelaba extensión, calidad, complejidad ni novedad que justificara semejante suma. Si se reemplaza esa frase por “la presentación fue producida en minutos con asistencia automatizada” y se tendrá, casi sin retoques, el planteo que alguien va a formular el año que viene.
Esto obliga a pasar por el tamiz una certeza. El piso de orden público protege frente a una fórmula vacía -eso es lo que nos queda de “Martinuzzi”-, pero no necesariamente frente a una desproporción demostrada. La discusión sobre inteligencia artificial no ingresaría entonces como una nueva pauta sino por la ventana de la desproporción. Y ahí aparece el obstáculo que no encuentro modo esquivar: ¿cómo se sabe? Un deber de declaración compromete la estrategia y el secreto profesional, y genera un incentivo evidente al silencio. La inferencia judicial -deducir del estilo o la prolijidad del escrito que hubo asistencia automatizada- sería regular sobre una sospecha, sin prueba y sin contradictorio. Quedaría la tercera opción, que consiste en tratar el asunto como arancelariamente irrelevante, del mismo modo que resulta irrelevante si el abogado escribió en su estudio o en un café. Reconozco que personalmente que esa alternativa, que parece una renuncia al debate, me parece la más coherente con el diseño actual del arancel, pero significa aceptar que el sistema regulatorio no tenga nada que decir sobre una transformación que todos percibimos como profunda.
Dejo entonces la pregunta donde corresponde, esto es, en el lector. Creo que el interrogante correcto no debe ser cuánto descontar por usar inteligencia artificial, sino uno anterior y menos intenso: ¿qué es lo que el arancel siempre quiso pagar? Si retribuye tiempo y esfuerzo, estas herramientas obligan a una revisión profunda, porque ambos insumos –tiempo y esfuerzo- se desacoplaron del producto. En cambio, si lo que retribuye es el valor jurídico de un resultado y la responsabilidad de quien lo firma, la inteligencia artificial cambia mucho en la práctica y poco en la estructura conceptual del arancel. Aunque con dudas, me inclino hacia la segunda perspectiva, reconociendo su costo: implica que el sistema de arancel regulado por la Ley N° 4170 y su aplicación por parte de los jueces permanezca indiferente ante la asimetría existente entre quienes acceden a estas herramientas y quienes no, y que un colega del interior compita en condiciones desiguales por un honorario calculado con las mismas pautas que rigen para un gran estudio situado en la ciudad Capital de La Rioja o cualquier gran rincón del país.
Lo que sí que me animo a sostener con firmeza es lo que ambos fallos enseñan en el mismo sentido que, sea cual fuere el criterio que se imponga, deberá ser explicitado y fundado, con indicación de la pauta legal concreta que se pondera y de las razones por las que se la pondera de ese modo. ¿Retribuye el arancel el esfuerzo o el resultado? ¿Es la inteligencia artificial una inversión del profesional o un ahorro que debe trasladarse al cliente? ¿Debe el abogado informar que la utiliza? ¿Puede el juez presumirlo? No sé, y sospecho que todavía no lo sabe nadie. Por eso mismo creo que conviene comenzar a discutirlo ahora, antes de que la respuesta se cuele en un considerando sin que nadie haya tenido oportunidad de decir algo.
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*Abogado – Especializando en Derecho Penal UNCAus - Secretario Letrado en Ministerio Público Fiscal, La Rioja.
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