¿QUÉ HACER CON LA MOROSIDAD CREDITICIA?
Ha generado preocupación la alta tasa de morosidad de préstamos y asistencias crediticias como saldos de tarjeta de crédito, revelada en el sistema financiero tradicional (bancos y entidades financieras), en los proveedores no financieros de crédito (fintech, billeteras virtuales) y en empresas no bancarias de financiamiento al consumo y de créditos personales directos, procediendo señalar que muchos deudores morosos combinan financiamiento bancario y no bancario.
Se estima que alrededor de 6 millones de morosos enfrentan problemas para regularizar su situación de pago.
Sistémicamente el tema es preocupante y refleja las dificultades que tiene el servicio crediticio y la financiación para la dinámica de la economía; situación que conlleva preguntarse quien es el responsable de esta complicada situación.
En mi opinión y a los efectos de comprender objetivamente esta situación, es preciso considerar el cierre del 2023 nos presenta un país con altísima inflación (219,9%), cuasi paralización de la producción de riqueza de bienes y servicios (caída del PBI -1,9%), anarquía cambiaria (18 tipos de cambio) y un descomunal déficit público (5,33% del PIB). Cambiar tal deficiente estructura requiere años y paciencia.
Paralelamente es sabido que, para cualquier persona seria, la baja de la inflación a un dígito requiere de eficiente y coherente gestión durante un período de 5 a 10 años, que la reactivación económico insume un período similar y que el déficit fiscal debe reducirse paulatinamente y eliminarse.
Los datos estadísticos del BCRA vienen mostrando que en materia de depósitos de dinero el sector privado aporta alrededor de dos tercios (2/3) y que el sector público el tercio (1/3) restante.
Pero en materia de créditos, el sector público absorbe dos tercios (2/3) de los recursos y el sector privado el otro tercio (1/3).
Bajo este guarismo fácil resulta apreciar las limitaciones de la intermediación financiera institucional para que puedan acceder al crédito las pymes y las personas.
Igual limitación ofrece la financiación ofrecida por fintech, que se nutre de recursos propios, préstamos del sistema, emisión de deudas o fideicomisos financieros, teniendo en cuenta la interconexión entre ambas órbitas de financiamiento.
Consecuentemente, el escenario descripto nos conduce a considerar que la mora señalada obedece principalmente a una deficiente evaluación del riesgo crediticio y de las prevenciones sobre la capacidad de pago de los prestatarios.
Es sabido que crédito no es para cualquiera sino para quien acredite capacidad de pago, concepción universal que ha llevado al BCRA a dictar profusas reglamentaciones en las materias siguientes: Políticas de crédito, Gestión crediticia, Graduación del crédito, Grandes exposiciones al riesgo de crédito, Lineamientos para la gestión de riesgos y Normas mínimas sobre controles internos.
Resulta que el riesgo crediticio no es presente sino futuro, ya que se trata de un evento incierto que, si ocurre, tiene un impacto diferente en el cumplimiento de los objetivos trazados.
Por ello, el riesgo crediticio mal evaluado genera pérdidas por lo que el otorgamiento de créditos se constituye para los que prestan servicios financieros, en un tema de por si riesgoso, considerando el entorno macroeconómico disfuncional que atraviesa el país desde hace largas décadas, que afecta la funcionalidad de los mercados, la producción, los ingresos y los salarios, tornando factible que el crédito se transforme en fuente de mayores riesgos de pérdidas y de afectación patrimonial al incrementarse sistémicamente la mora.
Pareciera que la situación de morosidad comentada obedece a subestimar la denominada “regla universal de las 6 C” en crédito, la cual posibilita que pueda ponderarse la probabilidad de quien va a tomar un crédito no logre cancelar sus obligaciones con el acreedor.
Se trata de una regla empírica fundamental que puede parecer elemental y que podría ser descartada, pero si se pasa por alto casi con seguridad se llegará a una decisión de crédito con resultados negativos para el prestamista.
Es una regla de utilidad práctica estructurada bajo seis conceptos fundamentales para decidir el otorgamiento de crédito, una vez recopilada toda la información económica, financiera y patrimonial del solicitante:
Carácter: es la condición más importante, ya que consiste en la disposición del cliente deudor para cubrir sus obligaciones, es tener la determinación de pagar, de querer pagar.
Capacidad: es el grado de habilidad laboral, profesional o empresarial para el desempeño de sus actividades demostrativa de aptitud para reunir los fondos suficientes para poder pagar y amortizar el crédito.
Capital: es el respaldo monetario del deudor que indica y respalda su capacidad de pago y que representa el indicador principal de su solvencia.
Colateral: es la garantía o alternativa de repago ofrecida, que sirve para aumentar la probabilidad de recupero crediticio ante el impago, pero no altera la calidad del riesgo ya que no convierte un mal préstamo en bueno.
Cash Flow: es la correcta evaluación respecto de si la generación futura y continuada de fondos del deudor, permitirá el cumplimiento normal de sus deudas.
Competitividad: único factor de naturaleza externa a considerar por ser ajeno al deudor, pero que puede afectarlo; son las condiciones económicas, políticas y sociales generales que se refieren al entorno donde viene actuando y que inciden en su comportamiento.
Fácil resulta apreciar que el análisis del riesgo crediticio no es una cuestión mecanicista, no es una simple aplicación del “credit scoring”, técnica que consiste en una ecuación con aplicación estadística, cuyo resultado es un número, calificación o puntaje que se utiliza para establecer un ranking en términos de riesgo dentro de los factores de riesgo.
Tampoco es utilizar plataformas de “big data” ni algoritmos de aprendizaje automático componentes de la I.A. para evaluar el riesgo crediticio.
Ambos son herramientas muy útiles, pero se requiere, además, un análisis cualitativo por parte de quienes tienen profesionalmente a su cargo la evaluación de riesgos de crédito; la tecnología ni la I.A. no está diseñada para reemplazar al ser humano; solo conforman herramientas eficaces pero complementarias.
El razonamiento, la experiencia, la duda, la presunción, la intuición, la convicción y el juicio final sobre mitigación de riesgo, solo compete a los seres humanos por lo que son cruciales para la decisión crediticia final, aspectos que no pueden ser replicados por la tecnología, aún la más avanzada.
La morosidad comentada obedece a laxitud y deficiencias en el análisis y ponderación de los riesgos crediticios, conforme el entorno de la economía en los últimos años, principalmente en el sector no bancario.
La situación solo puede ser mitigada por las propias entidades financieras y fintech afectadas, mediante planes de refinanciación adecuados de modo de regularizar la situación contractual y recuperar la liquidez interrumpida.
Los reclamos por vía judicial demuestran no ser eficientes ya que no garantizan que se puedan cobrar los créditos caídos; y, en el supuesto de cobrarse, nunca resarcen el costo de oportunidad de haber tenido disponible el dinero al momento de los respectivos vencimientos incumplidos.
En definitiva, la responsabilidad por los niveles de morosidad existente recae principalmente en cabeza de los acreedores afectados, bancarios y no bancario.
El Estado nacional ni los Estados provinciales deben afrontar la morosidad porque implicaría afectar recursos públicos de los contribuyentes (recordar la ineficiencia de las nefastas moratorias que registra nuestra historia).
Para la morosidad que afecta a bancos y entidades financieras sujetas a la ley 21.526, el BCRA podría intervenir disponiendo que todos los deudores que refinancien su deuda tendrán la Calificación 1 – Situación normal; además, no se cerrarán las cuentas corrientes ni las tarjetas de crédito ni se suspenderán servicios financieros que se otorgaron oportunamente, todo bajo nuevas condiciones de mantenimiento y siempre que los pagos refinanciados se vayan cumpliendo en tiempo y forma.
La morosidad comprende a deudores y sus acreedores; consecuentemente, la solución también debe provenir de ellos mismos.
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