Por Lucas Moyano*
¿PUEDE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TRANSFORMAR A QUIEN JUZGA EN UNA MERA VARIABLE DENTRO DEL PROPIO LITIGIO?
El interrogante del título de este artículo atraviesa hoy el debate sobre la modernización de la administración de justicia, los límites éticos del derecho procesal y las fronteras de la analítica tecnológica.
El vertiginoso avance de la inteligencia artificial y de la analítica judicial predictiva no ha inventado la indagación de la figura del juzgador, sino que ha industrializado y masificado una práctica que históricamente el litigante realizaba de forma artesanal. Más allá de la tradicional y legítima extracción de criterios jurisprudenciales para comprender el derecho aplicable, la consolidación de herramientas tecnológicas avanzadas —impulsadas por el procesamiento del lenguaje natural y la minería de macrodatos— permite hoy la recolección masiva de decisiones postdecisionales y la subsecuente asignación de perfiles estadísticos individualizados a magistrados y magistradas.
Si bien el estudio de los antecedentes, la doctrina publicada y el estilo argumentativo de un juez forma parte del escrutinio público y del ejercicio profesional legítimo, el riesgo dogmático surge cuando la analítica predictiva mercantiliza esa huella para reducir al decisor a una simple probabilidad matemática
Para construir estos perfiles y anticipar escenarios, los sistemas de LegalTech y las herramientas algorítmicas se nutren de diversos insumos técnicos que componen la huella digital y el escrutinio público del decisor:
Con estos elementos sistematizados en segundos, las plataformas buscan predecir cómo reaccionará un juez ante determinado argumento, prueba o recurso, permitiendo a los abogados ajustar sus escritos o anticipar el sentido de un fallo. Sin embargo, en el año 2025, la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) advirtió de manera explícita sobre los profundos riesgos de esta práctica: desde la ventaja injusta que compromete la igualdad de armas hasta el peligro latente del forum shopping y la degradación de la función judicial.
La independencia judicial ha sido conceptualizada históricamente como una garantía de impermeabilidad frente a presiones e injerencias externas provenientes de otros poderes del Estado, factores económicos o la opinión pública dirigidas a alterar el sentido de una resolución. Sin embargo, este fenómeno analítico plantea una dinámica cualitativamente distinta en la cual el litigante ya no busca influir sobre la persona que juzga, sino que le basta con reconstruir matemáticamente su comportamiento pasado para asignarle probabilidades futuras, anticipar sus estándares y asegurar un juez más afín a su estrategia del caso.
Existe una distinción fundamental entre el examen legítimo de la jurisprudencia para prever estándares jurídicos y la explotación mercantil de la identidad judicial. Mientras que el análisis jurisprudencial tradicional indaga en las razones sustantivas, los estándares doctrinales y las interpretaciones normativas aplicables a un caso para prever orientaciones jurídicas objetivas, el perfilamiento algorítmico individualizado procesa la huella personal del magistrado para reducirlo a una variable estadística predecible. En el primer caso, el litigante estudia el derecho y los precedentes para argumentar mejor ante el tribunal; en el segundo, explota informáticamente la biografía y los hábitos del decisor para transformarlo en un insumo estratégico de especulación y especificación de foro (forum shopping), desnaturalizando la función jurisdiccional y vulnerando la garantía de imparcialidad.
El riesgo dogmático surge cuando una secuencia de fundamentaciones aplicadas a hechos del pasado es simplificada por un algoritmo y transformada en un sesgo o disposición fija del magistrado. Cuando esto ocurre, la persona del juzgador deja de actuar como la garantía de independencia e imparcialidad que exige el proceso y se convierte en una variable procesal cuantificable. En aquellos ordenamientos donde existen márgenes de competencia o conexidad mal diseñados, esta analítica actúa como un espejo que evidencia y explota las desproporciones del sistema, alimentando prácticas de manipulación como el forum shopping y el judge shopping, quebrantando la garantía constitucional del juez natural y rompiendo la igualdad de armas frente a litigantes con alta capacidad tecnológica.
Ante este panorama, la doctrina y los marcos regulatorios comparados han comenzado a reaccionar. Un antecedente determinante lo constituye el artículo 33 de la Ley francesa de Programación y Reforma de la Justicia (2019-222) —incorporado formalmente en el artículo L. 111-13 de su Código de Organización Judicial—, que prohíbe de manera expresa la reutilización de datos de identidad de los magistrados con el propósito o efecto de evaluar, analizar, comparar o predecir sus prácticas profesionales reales o supuestas. No obstante, en la práctica, este tipo de prohibiciones penales revela serias limitaciones operativas frente a la realidad tecnológica: entran en conflicto directo con las políticas de datos abiertos (open data), son permeables al reetiquetado o la reidentificación mediante procesamiento del lenguaje natural, y resultan fácilmente eludibles mediante el procesamiento transfronterizo (offshoring) de datos en servidores alojados fuera de la jurisdicción nacional.
Paralelamente, la teoría jurídica ha incorporado la categoría de la audiencia predictiva para describir a aquellos actores que dejan de ser meros críticos del razonamiento expresado en una sentencia para convertirse en usuarios tecnológicos orientados a adivinar fallos antes de que se dicten. Frente a ello, el factor humano, la valoración razonada de las particularidades irrepetibles de un caso nuevo y la responsabilidad indelegable de impartir justicia no pueden ser reemplazados por una estadística. El verdadero antídoto frente al perfilamiento algorítmico no reside en clausurar de forma ingenua la transparencia de la justicia abierta, sino en exigir una motivación judicial rigurosa e imprevisible basada estrictamente en la racionalidad del derecho, sustrayendo al justiciable de la especulación táctica y devolviendo al proceso su vocación de garantía constitucional.
*Especialista en Ciberdelitos y Evidencia Digital. Autor de Ciberdelitos como Investigar en Entornos Digital. Edición 1 y 2. Evidencia digital litigación estratégica en el proceso penal, Editorial Hammurabi.
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