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LA RESPONSABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS DE E-COMMERCE 

I. Presentación

El avance de la economía digital, impulsada esencialmente por las tecnologías de la información y comunicación, generó la apertura global de los mercados, y permitió el nacimiento de nuevas empresas cuyo modelo de negocios consiste en brindar un servicio digital de intermediación comercial, para el posicionamiento y la distribución de bienes y servicios.
Este nuevo escenario, se vale de la contratación a distancia, a través de la implementación de contratos electrónicos, donde la interacción entre proveedores y consumidores se despersonifica, delegándose en empresas que garantizan sistemas de comercialización a través de sitios webs o apps, basados en la confianza y por dicha actividad perciben una comisión.
En ese sentido, estamos en presencia de una suerte de conexidad contractual entre los diversos participantes, donde la causa económica es común y los vínculos individuales funcionan como relaciones jurídicas interdependientes. Se trata de un negocio asociativo multilateral cuyo fin se orienta a un resultado, el perfeccionamiento del negocio jurídico deseado.

II. El e-commerce 2021

El avance del consumo a través de la implementación de medios electrónicos, significo un cambio trascendental en la formación y expansión de los modelos de negocios tradicionales.
A raíz del cambio de paradigma contractual motivado por la pandemia del Covid 19, se ha replanteado el intercambio de bienes y servicios a través de la desmaterialización de los medios empleados para transmitir la manifestación de voluntad de las partes.
El nuevo orden económico mundial, y el contexto sanitario, son los motores fundamentales para replantear otra forma de acceder al consumo, con lo cual existe un antes y un después para los comerciantes y los consumidores.
Pensemos como ha ido evolucionando el comercio electrónico, desde la compraventa por catálogo en 1920 en EEUU, para luego pasar a la publicidad a través de la radio y Tv, y finalmente desembarcar en las contrataciones electrónicas a partir de los años 90’ gracias a internet.
La revolución informática, ha cambiado la forma de producir y distribuir bienes y servicios por parte de las empresas, donde la mano de obra paulatinamente ha sido desplazada por robots y algoritmos programados, acelerando el proceso industrial a escala global. En consecuencia, se han expandido nuevos horizontes, trazando un nuevo modo de concebir a la economía, la política, la geografía y la cultura.
El e-commerce, es la síntesis de la aplicación de los contratos electrónicos vinculados al comercio. Concretamente, es la forma de desplegar las herramientas que la tecnología pone a disposición de las empresas y los consumidores para acercarles el objeto de la contratación que se gesta a distancia.
En la actualidad, gracias a la implementación de la Internet 3.0, existen novedosos canales de información y comunicación que permiten que la conexión con lo virtual sea totalmente personalizada, a través de los rastros que el consumidor va dejando en su recorrido por la web, siguiendo tendencias, moda, gustos y productos, en base a los motores de búsqueda de palabras clave, o inclusive a través de los asistentes de voz que procesan la información en el texto.
Los datos del consumidor se almacenan en una red de servidores y los buscadores indexan el contenido solicitado, haciendo que cada experiencia sea personalizada. Para ello, (…) “realizan una lectura de las etiquetas HTML, llamadas “meta tags”, a través de códigos que permiten identificar los
contenidos de las páginas web, por medio de crowler, metacrowel o spider, que son robots que se encuentran en la red clasificando contenido y almacenándolo en la memoria cache de los buscadores” [1].
En ese sentido, podemos afirmar que asistimos a un proceso de interacción entre las máquinas y las personas, cada vez más automática pero con apariencia más humana. Mientras la oferta es personalizada, los canales de venta se despersonalizan en la medida que no hace falta el encuentro face to face clásico de la compraventa u otras formas contractuales.
Lo cierto, es que existe un cambio cultural que se visibiliza en la modificación de los canales que utilizan las empresa para dirigirse al público, a la par que han cambiado los hábitos de los consumidores.
Cambió la forma de contratar, de observar, de influirse sobre determinado proyecto, idea o servicio. En la medida que se democratiza la información, fundamentalmente a través de la incorporación de dispositivos electrónicos, se crean nuevos hábitos, y finalmente cambia la forma de consumir e invertir el dinero.
El comercio electrónico básicamente es (…) “el conjunto de transacciones comerciales y financieras realizadas por medios electrónicos o digitales de comunicación, ya sea por redes abiertas o cerradas, incluyendo texto, sonido e imagen, que se despliega dentro de un sistema global utilizando redes
informáticas y muy especialmente internet, el cual permite crear el mercado electrónico virtual sin límites geográficos ni temporales, operado por ordenador y a distancia, de productos de bienes de servicios de tecnologías, entre otros” [2]. 
A través de internet, se abrió un abanico de infinitas posibilidades, que marcó un antes y un después en la experiencia del acceso a la información fomentando la intermediación y acercamiento de las partes. Este servicio de telecomunicaciones se ofrece por un prestador licenciado que brinda el soporte físico y lógico para la colocación de los contenidos realizada por los usuarios [3].
El carácter mercantil de las operaciones que se llevan a cabo a través de esta modalidad es uno de los sellos distintivos del comercio electrónico. (…) ”La necesaria presencia de empresarios profesionales que han abandonado su anterior estructura para incursionar en un mundo virtual sin fronteras geográficas, ni límites horarios, y en donde están descubriendo una nueva forma de comerciar, totalmente renovada, dinámica y flexible, es una constante en la estructuración de esta variante contractual [4].

III.  El impacto de los contratos electrónicos en las relaciones de consumo

La revolución informática y el surgimiento de la sociedad del conocimiento, ha perfilado un nuevo modelo de contratación basado en la implementación de dispositivos electrónicos, como herramientas que comunican, y son necesarias para perfeccionar la manifestación del consentimiento de las partes que integran un acuerdo de voluntades, sea que se trate de personas humanas o jurídicas, empresas o consumidores.
El fenómeno de intensificación de las relaciones sociales ha provocado un aceleramiento de las relaciones jurídicas a escala mundial. Se han quebrantado los límites geopolíticos de las naciones y el capital comenzó a desplazarse por intermedio de algoritmos y plataformas digitales. Así pues, a través de un usuario y contraseña podemos  gestar la creación, modificación o extinción de las obligaciones.
En primer lugar, desde el punto de vista ontológico, nos parece adecuado definir al contrato electrónico. Para acercarnos a priori a un concepto, podríamos decir que es un acuerdo entre dos o más partes, tendiente a regular sus relaciones jurídicas patrimoniales, manifestado a través de dispositivos electrónicos a distancia. Las partes que participan del acto, pueden ser personas o sistemas programados por cada parte a estos fines.
En ese sentido, parecería que lo fundamental es el elemento electrónico, puesto que tiene una influencia decisiva, real y directa sobre la formación de la voluntad, el desarrollo o la interpretación de un acuerdo [5].
Este contrato, se caracteriza esencialmente por la ausencia de presencia física de las partes, lo cual influye materialmente en su forma de instrumentación. Esto no es menor, puesto que la validez o no de un contrato dependerá de cómo se lo arbitre en la práctica.

Siguiendo este orden de ideas, se han clasificado a los contratos electrónicos según las partes que lo integran:
a) Empresas: B2B “Business to business”
b) Consumidores: C2C “Consumer to consumer”
c) Empresas y Consumidores: B2C “Business to consumer”

Se los diferencia de los contratos informáticos, puesto que estos últimos tienen la particularidad que su objeto recae sobre un bien o servicio informático, el cual incluye el desarrollo y mantenimiento de software o hardware. Las prestaciones informáticas son de estructura compleja y responden al concepto de sistema compuesto por un soporte físico, un soporte lógico, y la información que se procesa.
Así las cosas, este tipo de contratación planteará al operador jurídico determinados interrogantes respecto a la manifestación del consentimiento y la forma de instrumentación.
En ese sentido, se ha postulado que estamos asistiendo a un fenómeno de “deshumanización del contrato” [6], de un acuerdo sin contrato, y una objetivación del intercambio, donde el consenso, dejó de ser la yuxtaposición de voluntades, y directamente se trata de actos unilaterales de autonomía que se exponen sin mezclarse.

IV.  a) Regulación en el Derecho Argentino

En nuestro país la cuestión quedo regulada, al menos parcialmente, con determinados apartados que nos dan un marco de aplicación acotado, pero que nos permiten navegar sobre corrientes jurídicas antes desconocidas.
Conforme el art. 957 CCC: “Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales”
La definición debe armonizarse con dos principios esenciales que forman campean en la materia: liberta de contratación y libertad de formas.
Respecto al primero, tiene su consagración normativa en el art. 958 CCC: “Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres.” La libertad es el principio más grande de las sociedades democráticas, en virtud de lo cual, todo lo que no está prohibido, está permitido. [7]
Respecto al segundo, la regla es la libertad de formas, y las partes pueden utilizar la que estimen más conveniente, con excepción de los contratos que la ley imponga una forma determinada como condición de validez (art. 284 y 1015 CCC).
A mayor abundamiento, los arts. 286 y 1106 del CCC resuelven la cuestión sobre la utilización de los medios electrónicos, estableciendo que la expresión escrita puede realizarse en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos, y agregan “… siempre que en este Código o en leyes especiales se exija que el contrato conste por escrito, este requisito se debe entender satisfecho si el contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico u otra tecnologíaa similar”.
En ese sentido, vemos que se ha equiparado la forma escrita al soporte electrónico o similar, idéntico criterio al adoptado por la Ley de Firma Digital Nº 25.506 [8].
Ahora bien, conviene precisar el sentido y el alcance de los documentos digitales, siguiendo el art. 6 de la ley de referencia, entiende que es la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura.

Los documentos digitales, por su parte, pueden ser firmados, como cualquier otro escrito en papel, con la diferencia del soporte que utiliza y las condiciones de validez del medio empleado, a saber:
a) Firma digital: Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.
b) Firma electrónica: Se entiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. En caso de ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez.

Asimismo es importante destacar dos presunciones que la propia ley preve: la presunción de autoría de los documentos firmados digitalmente y de integridad de su contenido (arts. 7 y 8). En concordancia con lo expuesto, en la segunda parte del art. 288 CCC establece que en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del documento [9].
El decreto reglamentario 182/19 avanzó hacia la creación de un clima de confianza en el entorno digital, reforzando las transacciones electrónicas seguras entre los ciudadanos, las empresas y la Administración Pública e incrementando, en consecuencia, la economía digital, la prestación de servicios en línea públicos y privados, y el comercio electrónico. Incorporando novedosamente en su artículo 36 a los “terceros de confianza”.
Ahora bien, sabemos que la mayoría de las contrataciones que se realizan a través de plataformas de consumo, son por adhesión, unilaterales y no firmados, donde existen “términos y condiciones” que se deben aceptar simplemente a través de un solo click, sin mediar la utilización de firma digital.
Entonces, ¿Cuáles son los actos positivos e indubitables por los cuales se entiende que el consumidor ha dado su consentimiento en la transacción? Para ello, cabe citar el art. 978 CCC que afirma “Para que un contrato se concluya la aceptación debe expresar la plena conformidad con la oferta…”
La aceptación es una manifestación de voluntad recepticia, emanada a persona a la cual estaba dirigida la oferta y por medio de la cual dicha persona presta conformidad al acuerdo planteado. Según el art. 979 del CCC es “toda declaración o acto del destinatario que revela conformidad con la oferta…el silencio importa aceptación sólo cuando existe el deber de expedirse.”
En ese sentido, vemos que las posibilidades son amplias, y se incluye la posibilidad de hacerlo por medios electrónicos, siendo admisible incluso cualquier signo o señal fehaciente emitida por el destinatario.
En los contratos clickwrap, el consumidor manifiesta su voluntad de aceptar las condiciones o cláusulas redactadas por el proveedor mediante un simple "click" en la leyenda "acepto", "estoy de acuerdo" o similar.
Asimismo, los emojis o emoticonos, podrían tener relevancia jurídica (…) “al ser interpretados en el contexto del lenguaje digital habido entre los participantes, siempre y cuando pueda atribuirse a los mismos un significado inequívoco (…) [10]”
Los contratos electrónicos, presentan una íntima relación con los contratos a distancia. En ese orden, el art. 1105 del CCC, establece que (…) ”son aquellos concluidos entre un proveedor y un consumidor con el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia entendiéndose por tales los que pueden ser utilizados sin la presencia física simultánea de las partes contratantes. En especial, se consideran los medios postales, electrónicos, telecomunicaciones, así como servicios de radio, televisión o prensa”.
El derecho local, considera que en los contratos electrónicos debe prevalecer la ausencia de presencia física simultánea entre las partes, aunque para regular la oferta, se ha equiparado la realizada entre presentes como aquella manifestada por medios instantáneos, por ej. internet, eliminando cualquier tipo de distinción que se haga al respecto. Es decir, los contratos necesariamente son a distancia, aunque pueden ser entre presentes o ausentes según la inmediatez o no de la contratación y la utilización de tecnologías, programas, bots, etc.

IV. b) Información y publicidad: El consentimiento

Los contratos electrónicos, al igual que los celebrados por escrito entre presentes, tienen la particularidad que en uso de la autonomía de la voluntad, las partes pueden crear una regla a la cual deben someterse como a la ley misma (arts. 957, 959 y 2651 del CCC).
El negocio jurídico es un instrumento práctico, ofrecido por el ordenamiento jurídico, mediante el cual el sujeto provee, dentro de los límites de lo lícito, a determinar efectos que se refieren a sus intereses, ejercitando una función constitutiva [11].
En este sentido, los contratos podrán ser paritarios o de adhesión, en la medida que exista o no la posibilidad de discutir el contenido esencial del mismo, por ej. la cosa y el precio.
Así pues, vimos que podían celebrarse tanto por consumidores (C2C) como por empresas (B2B), y en el supuesto que sea instrumentado entre ambos (B2C) simultáneamente, nos encontramos ante un típico contrato de consumo.
Los contratos de consumo, tienen la particularidad que una de las partes del negocio jurídico es un experto en el ámbito de ese negocio o la tecnología que está utilizando, es decir, es un profesional en la materia. La otra, en cambio, carece de los conocimientos técnicos y jurídicos necesarios para realizar una evaluación exhaustiva acerca de aquello sobre lo cual se va a contratar, directamente presta su voluntad. Por ende, se advierte la existencia de un fuerte desequilibrio negocial desde la etapa precontractual hasta el momento en que se perfecciona el consentimiento [12].
A diferencia de los contratos paritarios, por intermedio de los cuales, dos o más partes se ponen de acuerdo libremente sobre el objeto de la relación contractual, y en virtud del uso de la autonomía de la voluntad discuten las cláusulas y el contenido del mismo. En este caso, existe un sujeto que ofrece un conjunto de bienes y servicios, y otro que acepta consumirlos ante el surgimiento de una necesidad imperante que es menester satisfacer.
Este tipo de contratación se vale fundamentalmente de la publicidad y el marketing, donde los medios masivos de comunicación (televisivos, internet, gráficos, radiodifusión, entre otros) impactan directamente en la toma de decisiones del consumidor, puesto que son generadores de tendencias, cultura, moda y opinión.
El mercado ha evolucionado a un nuevo estadio, incorporándose al espacio virtual, donde la interacción entre comprador y vendedor se despersonifica.
Esta vanguardia, se materializa en la industrialización de los contratos electrónicos y la estandarización de los modelos de negocios. Su éxito comercial, ha replanteado a los operadores del derecho el diseño de una nueva arquitectura jurigenética a través formularios estandarizados por intermedio de los cuales la parte más débil, adhiere a su contenido sin discutir nada al respecto.
El consumidor que se registra en la plataforma, debe realizar un simple acto material, a través de un click, touch o enter aceptando las términos y condiciones. Luego, seleccionará el producto o servicio que deseado, y aguardará que el oferente confirme la operación para perfeccionar el consentimiento, son los llamados clickwrap agreements.
En virtud del proceso de constitucionalización del derecho privado, vemos que el Código Civil y Comercial receptó de forma expresa el deber de información, como una barrera a las ofertas abusivas que puedan inducir a error sobre las condiciones más esenciales del bien o servicio ofertado (art.1100 CCC).
Lo mismo sucede con la Ley de Defensa al Consumidor [13], con el agregado que la información deber ser siempre gratuita y proporcionada en soporte físico, pudiendo ser suplantada en otro formato siempre que el consumidor lo acepte.
Ahora bien, en el caso que las partes se valgan de técnicas de comunicación electrónica o similares para la celebración de un contrato de consumo a distancia, el proveedor debe informar al consumidor: a) el contenido mínimo del contrato y la facultad de revocar; b) todos los datos necesarios para utilizar correctamente el medio elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo, y para tener absolutamente claro quién asume esos riesgos (Art. 1107 CCC).
En el orden regional del derecho a la integración, la Resolución Nº 37/2009 del Mercosur, incorporada recientemente a nuestro ordenamiento jurídico [14], contempla específicamente la importancia de garantizar el acceso a la información, al consumidor que se vale del comercio electrónico para acceder a la contratación de bienes y servicios [15].
En consonancia se regula la publicidad y sus efectos, a fin de evitar la creación de falsas expectativas que no se concreten luego de la celebración del contrato; y se prohíbe aquella que: a) contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al consumidor, cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto o servicio; b) efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que conduzcan a error al consumidor; c) sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad; así como también las cláusulas y situaciones jurídicas abusivas que puedan restringir la libertad de elección (arts. 1101,1117 a 1122 CCC y 7º, 8º y 37 LDC).
En este escenario, el consentimiento es el perfeccionamiento de la voluntad de las partes que demuestran la intención de unirse en un vínculo jurídico que exige el intercambio recíproco de determinadas prestaciones de hacer, no hacer o dar.
Viendo que su formación transita el binomio de oferta-aceptación para crear, modificar o extinguir un contrato, resulta menester hacer una distinción entre la oferta y la invitación a ofertar.
La primera, es una declaración unilateral de voluntad recepticia que se dirige a persona determinada o determinable con intención de obligarse y ser aceptada.
Mientras que la invitación a ofertar, es una declaración de voluntad, unilateral, dirigida a una pluralidad de personas, invitando al destinatario a iniciar tratativas, o formularle a su emisor una oferta de concreción de un contrato, salvo que de sus términos o de las circunstancias de su emisión resulte la intención de contratar del oferente (art. 973 CCC).
Diverso es el criterio seguido para los contratos de consumo, dirigidos a personas indeterminadas, ya que siempre se presume la intención de contratar del oferente, durante todo el tiempo que se mantenga vigente [16].
En cuanto a las ofertas por medio electrónicos, el art. 1108 CCC dispone: "Las ofertas de contratación por medios electrónicos o similares deben tener vigencia durante el período que fije el oferente o, en su defecto, durante todo el tiempo que permanezcan accesibles al destinatario. El oferente debe confirmar por vía electrónica y sin demora la llegada de la aceptación".
La aceptación, por su parte, es la contra cara de la oferta, y básicamente cumple la función de perfeccionar el consentimiento de ambas partes. Nuestro ordenamiento jurídico, ha seguido la teoría de la recepción de la aceptación, con la posibilidad de revocarla antes de haber llegado a la esfera de conocimiento de la otra parte.
En principio, todo contrato de consumo realizado por este medio es revocable, salvo las excepciones contempladas en el art. 1116 CCC [17]. En los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y a distancia, el consumidor tiene el derecho irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los diez días computados a partir de la celebración del contrato. a) Si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo debe comenzar a correr desde que esta última se produce; b) Si el plazo vence en día inhábil, se prorroga hasta el primer día hábil siguiente; y c) Las cláusulas, pactos o cualquier modalidad aceptada por el consumidor durante este período que tengan por resultado la imposibilidad de ejercer el derecho de revocación se tienen por no escritos (art. 1110 CCC y 34 LDC).
La normativa deberá coordinarse armónicamente con la última parte del art. 37 LDC “…En caso en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas…”.
En ese sentido, también se contempla el deber del proveedor debe informar al consumidor sobre la facultad de revocación, mediante su inclusión en caracteres destacados en todo documento que presenta al consumidor en la etapa de negociaciones o en el documento que instrumenta el contrato concluido, ubicada como disposición inmediatamente anterior a la firma del consumidor o usuario (art. 1111 CCC).
Así pues, para hacer operativa la manda legal, se ha instaurado un mecanismo de arrepentimiento que deberá estar presentes en las páginas web y apps de forma clara y sencilla, conforme lo dispuso recientemente la Resolución Nº 424/2020 de la Secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo productivo.
Además de la aceptación por parte del consumidor, existe una obligación impuesta al proveedor oferente de confirmar la llegada de la aceptación por vía electrónica y sin demora… Estrictamente, se trata de una carga para evitar situaciones litigiosas que podrían suceder en caso que el oferente negare la recepción de la aceptación [18].
Finalmente entendemos que asume una especial trascendencia que el portal satisfaga plenamente el derecho a la información que detenta el consumidor ya que conocer todas las características del producto o servicio ofrecido se convierte en un elemento sumamente relevante para la exteriorización válida del consentimiento, evitando que el mismo se encuentre viciado por engaños, ocultaciones o simplemente por una desinformación. 

IV.  c) Contrato o términos y condiciones de uso

Los términos y condiciones de uso, son una descripción detallada del funcionamiento tecnológico de la plataforma, y los derechos y obligaciones de las partes del negocio de plataformas, puestas a disposición del usuario al momento de interactuar virtualmente con la misma, las cuales pueden requerir o no su aceptación.
El usuario, al suscribirlas mediante el asentimiento, se notifica de su contenido, y en caso que se presente una situación problemática, se resolverá aplicándolas, con el límite impuesto por la abusividad del contenido de aquellas cláusulas que tienen por objeto, o por efecto, provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor.
En su naturaleza jurídica, se asemejan a un típico contrato de servicio digitales, con la particularidad que, en principio, no existe imposición tributaria, no hay prestador de servicios ni comitente, su redacción es unilateral y por adhesión a cláusulas predispuestas.

V. El negocio de las plataformas

Las plataformas de comercio electrónico, son portales digitales que alojan información publicitaria, y promueven la contratación de bienes o servicios de manera virtual.
Se desarrollan como un negocio cuyo valor se basa en posibilitar la interacción entre proveedores y consumidores. (…) La plataforma proporciona una infraestructura abierta y participativa para esas interacciones y establece las condiciones de gobernanza por las que se rigen [19].
En nuestro caso, vamos a investigar aquellas plataformas digitales con fines de lucro de terceros, donde se configura un supuesto de “intermediación comercial”, que consiste en gestionar intereses ajenos para promocionar la conclusión de ventas o la contratación de servicios, a cambio de una remuneración fija o variable conforme el valor de la operación.
Claro está que el intermediario acerca dos partes que antes se desconocían y promueve el consentimiento de ambos para la consecución de un negocio jurídico de carácter oneroso o gratuito.
Desde el punto de vista axiológico, los valores que dan sustento a esta actividad son la seguridad y la confianza.
El proveedor debe generar las condiciones mínimas que le permitan al consumidor aventurarse en esta forma de contratación a distancia, a través de su propio sitio web, app, redes sociales, o bien puede delegarlas a terceros.
En ese sentido, las plataformas se encargan de sembrar valores positivos y ser depositarias de la confianza de los usuarios que interactúan con la misma. Esa confianza, creada a través de puntuaciones, foros de discusión, cantidad de ventas del producto, constituye la fuente primaria de las obligaciones [20].
Los “marketplace”, por su parte, comparten una relación de género a especie con las plataformas de e-commerce, ya que son vidrieras electrónicas, donde el consumidor puede tener acceso a una variedad indeterminada de bienes y servicios de diversas empresas.

En ese orden de ideas, encontramos plataformas de comercio electrónico de bienes al estilo de Ebay, Mercado Libre, Alibaba y por otro lado de servicios. Estas últimas, a su vez pueden ser [21]:

• Transporte: Uber, Didi Chuxing, Grab, Lyft, Safemotos, 99.
• Reparto: Deliveroo, Glovo, Ifood, Pedidos Ya, Rappi.
• Turismo: Agoda, Airbnb, Booking.comer, Despegar, Hotels.ng.
• Servicios Financieros: Afluenta, LendingClub, Prestadero, Mercadopago.
• Entretenimiento: Itunes, Netflix, Spotify.
• Medios: Reuters, Google News, Bloomeberg.
• Publicidad: Baidu, Facebook; Google, Olx.
• Motores de búsqueda: Search, Yahoo, Google Seach.
• Información/ Comentarios: Yelp, Tripadvisor, Icow.
• Plataformas de salud: Doctor.com, MdLive, 1DocWay.
• Plataformas de trabajo digital: Grab, Airbnb; Uber.
• Mercado de aplicaciones: AppStore, GooglePlay.
• Servicios en la nube: Amazon Web Services, Alibaba Cloud, América móvil.