Frente a una sala repleta de referentes de la Justicia, los tres jueces del tribunal participaron del acto. Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se refirieron a la necesitad de un cambio sustancial para lograr celeridad y evitar la partidización en el proceso.
Los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, fueron los oradores del acto que, este lunes por la tarde, convocó a decenas de referentes de la Justicia en el Salón de actos del tribunal, para anunciar el “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados” aprobado por acordada 4/2026 el 25 de marzo pasado. En el acto estuvo presente el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
El proyecto introdujo una serie de cambios que deberán ser considerados por el Consejo de la Magistratura, que preside Rosatti, el organismo responsable de llevar adelante los concursos.
El acto contó con la la presencia de consejeros de la Magistratura, camaristas y jueces federales y nacionales, representantes del ministerio público, y de Cortes y Superiores Tribunales nacionales.
La Corte Suprema avanzó en la reforma integral del reglamento para la selección de magistrados en momentos en que persisten más de 200 vacantes sin cubrir en el fuero federal. La iniciativa, respaldada por las principales entidades jurídicas , propone un sistema que prioriza el mérito, la transparencia y la trazabilidad.
El nuevo esquema de concursos se da en el marco de una estrategia de renovación institucional liderada por el ministro de Justica, Juan Bautista Mahiques.
El nuevo esquema introduce tecnología en la evaluación de los aspirantes y reduce sustancialmente la discrecionalidad en el proceso, con el objetivo de fortalecer la calidad y la confianza en el sistema judicial.
Las palabras de Rosenkratz
“Nos sentimos obligados a promover la iniciativa en virtud de la necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento y ante nuestra comprobación de que ninguno de los proyectos presentados hasta hoy al Consejo, a pesar de que muchos de ellos sugerían reformas muy positivas, han llegado en estos años al Plenario”, señaló Rosenkrantz.
“La propuesta que hoy presentamos es sistémica. Como toda propuesta sistémica tiene una lógica interna que puede ser modificada, abierta o subrepticiamente, con la mera alteración de algunos de sus puntos nodales. Por eso, consideramos que el Consejo de la Magistratura debería hacer un esfuerzo para evaluarla, si es posible pronto, y, esperamos aprobarla, sin modificar sus aspectos centrales”, agregó.
“El Consejo tiene hoy en sus manos la posibilidad de hacer que una aspiración institucional fundamental para el país, que tiene más de 40 años, sea de ahora en más una realidad”, concluyó.
Las palabras de Lorenzetti
“Esta acordada tiene una primera expresión que habla de un déficit estructural. Es importante señalar que existe ese déficit estructural y, como dijo recién el doctor Rosenkrantz, no es algo que haya nacido de nuestra imaginación: es un reclamo que hemos recibido de jueces, juezas, secretarios, secretarias, abogados y abogadas de todo el país. Es un reclamo generalizado e importante, y nosotros, como cabeza de un poder del Estado, tenemos la responsabilidad de dar una respuesta”, señaló.
“El problema que advertimos, este déficit estructural, no se da solo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, sino también en muchos procesos de selección en las provincias, donde hemos advertido un deslizamiento progresivo hacia una creciente partidización en la designación de jueces y juezas en todos los niveles. Es como un puente que ya se transita demasiado entre los poderes ejecutivos y los judiciales. Entonces, la idea es llamar la atención sobre este proceso y ponernos a trabajar", agregó.
“El objetivo es regularizar para definir la discrecionalidad. La discrecionalidad es el tema central. Se trata de evitar que la selección de jueces y juezas sea algo arbitrario, discrecional, oscuro, que responda a intereses poco claros y que, además, varíe según los cambios políticos del momento, tanto en la nación como en las provincias”, concluyó.
Cúales son los principales cambios
El proyecto establece que los antecedentes serán calificados bajo pautas objetivas, resaltando el rendimiento académico y el mérito real por sobre el tránsito burocrático.
La prueba de oposición estará compuesta por una etapa general de 120 preguntas seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, evaluadas en forma automatizada, y una etapa especial con ejercicios de razonamiento y resolución de casos prácticos. La incorporación de tecnología permite el anonimato durante las pruebas y la trazabilidad en todo el proceso.
Cada concurso público contará con inscripción digital, continua y permanente. Los aspirantes deberán crear un legajo digital individual, actualizado y accesible tanto para sí mismos como para los demás concursantes y las autoridades, de acuerdo con la normativa vigente de confidencialidad. Tras las etapas escritas, los seis mejor posicionados pasarán a una entrevista personal pública, cuya puntuación está limitada a 20 puntos.
La Comisión de Selección presentará luego la terna de candidatos, indicando el orden de mérito y los puntajes obtenidos. El plenario discutirá el resultado en audiencia pública antes de la aprobación o el rechazo final del concurso.
El nuevo proyecto busca que los tiempos de los concursos se reduzcan sustancialmente y, además, se ponga fin a las largas vacancias en los juzgados cuando un juez se jubila o renuncia, debido al mecanismo de concursos anticipados.
La iniciativa contó con el apoyo de numerosas entidades, entre las que se encuentran el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la asociación IDEA, y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES).
Por: Silvana Boschi
