Carmona; Magheri Ebalan; Milas; Bruno - El derecho de huelga...

Por: Carmona, Ariana – Magheri Ebalan, Florencia – Milas, Delfina - Bruno, Oscar Alberto 

EL DERECHO DE HUELGA BAJO LA MIRADA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

I. Introducción

El derecho a huelga, desde sus inicios hasta la actualidad, es un derecho controvertido, lleno de lucha, violencia y disputa. Su proceso no es para nada lineal ni mucho menos pacífico, ni lo es en Argentina.

Si nos remitimos a 1868 podemos dar con la primera medida de fuerza, aunque tuvieron que pasar diez años para que se diera la primera huelga declarada por un gremio, la de la Unión Tipográfica Bonaerense. Ese momento marcó el comienzo de diversas huelgas que culminaron en un momento fundamental como lo fue la creación de la Federación Obrera Argentina, desembocando meses después en la primera huelga general en la historia argentina.[1] Primero fue consolidada como delito contra el Estado y la seguridad nacional en 1945 con el decreto 536/45; luego fue reconocida como derecho constitucional en 1957 con la incorporación del artículo 14 bis y vuelta a ser criminalizada mediante la Ley 21.400 durante el último régimen militar. Finalmente, después de la dictadura se restableció su pleno ejercicio a partir de 1983 reforzándosela con legislación posterior y tratados internacionales de derechos humanos.

II. Medios de comunicación y derecho a huelga: dos miradas distintas acerca de un mismo fenómeno

Ahora sí, este artículo se propone discutir los alcances reales de la Ley Bases sobre los derechos colectivos, enfocándonos primordialmente en la perspectiva periodística sobre este instituto y en cómo fue modificándose a través de los últimos años, siendo esto sumamente controversial. A pesar de la narrativa de periódicos como “La Izquierda diario” que mostraban un apoyo incondicional hacia el derecho a huelga en 2016, definiéndola como “una herramienta y método fundamental para que la clase obrera desarrolle toda su fuerza social y política para resistir el ajuste en curso, un derecho elemental de autodefensa y auto preservación incluso frente a las direcciones sindicales que se niegan a convocar un paro nacional frente a las medidas del gobierno y dejan pasar despidos, suspensiones y la pauperización de la vida de millones trabajadores en beneficio de los empresarios”[2], ya podemos encontrar atisbos de intentos para limitar el derecho a huelga, no solo a un nivel nacional sino mundial. Diarios como “La Capital” percibían “una fuerte embestida contra el derecho de huelga para limitarlo, para prohibirlo, para quitarle su naturaleza, su principal carácter: el daño producido al capital (...) el capital en el mundo entero avanza contra la huelga”[3].

A pesar de que en una mayoría los medios se posicionaban favorablemente respecto del derecho a huelga y otros expresaban preocupación sobre un intento por limitarlo, existían indicios de medios pidiendo por una restricción a tal derecho, considerando la libertad que gozó este instituto en los últimos años como un caso de abuso de derecho, tal y como lo expresó el diario “El Cronista” de manera contundente: “La huelga, siendo un derecho a producir un daño respaldado por la constitución nacional, debe ser el último recurso, o lo que es lo mismo, una medida extrema, después de haber agotado otras vías y medidas previas. (...) La huelga salvaje, la huelga y otras medidas de fuerza asociadas a la violencia o a la comisión de delitos, las presiones excesivas, las presiones asociadas a actos ilícitos, transforman cualquier medida de fuerza en un acto ilícito, y de ninguna forma está respaldado por el derecho de huelga consagrada en la Constitución nacional ni debe ser tolerada ni avalada como tal por los tres poderes del Estado”[4].

No tuvieron que pasar muchos años para que las primeras reacciones a la posible reforma aparecieran de manera variada, yendo desde la inquietud hasta la conformidad. En este sentido, diarios como “Jornada” —previo a la promulgación de la ley bases— dieron lugar a la voz de Luis Campos, quien planteó que se avanza sobre la reforma laboral más importante desde la imposición de la Dictadura Militar en 1976: “Las reformas –sostuvo- hacen que los empleadores no tengan que enfrentar reclamos de los trabajadores en los lugares de trabajo. Si una huelga implica una asamblea, habilitaría a un despido sin el pago de indemnización, con solo obstaculizar o demorar el ingreso de una mercadería habilitaría un despido con causa. Para derogar la asamblea del año ’13 todavía nos falta un poco pero en algunos casos, implica volver a formas de regular las relaciones laborales al siglo XIX”[5]. Por otro lado, desde “Nuevo Día” se mostraba una inclinación favorable hacia la reforma laboral propuesta por la Ley Bases, definiéndola como un “límite absolutamente razonable al ejercicio del derecho de huelga”, otorgándole firme sustento legal al despido con causa cuando, en el marco de un paro el colaborador incurra en conductas intimidatorias, u ocasionen daños a personas o cosas propias de la empresa[6].  

Cuando ciertos medios de comunicación mostraban preocupación por el posible tratamiento que iba a recibir el derecho a huelga, otros lo consideraban una posibilidad para formar una nueva Argentina, donde los empleadores ganaran confianza una vez más, poniendo el enfoque en el crecimiento económico sobre los derechos de los trabajadores.

Una vez que se promulgó la ley parecía que esta norma no atacaría directamente el derecho a la huelga. Sin embargo, diarios como “Infobae” ya se mostraban de acuerdo con una posible limitación, estableciendo que “El derecho de huelga -así como otros derechos fundamentales- no es absoluto y está sometido a limitaciones cuando se trata de preservar la libertad (o los derechos) de otras personas, cuando entra en colisión con otros bienes básicos de los individuos o ante el mantenimiento de los servicios vitales para la comunidad. La huelga no puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de servicios esenciales; el derecho de los usuarios de los servicios a estas prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho de huelga.”[7] Un par de meses antes se había dictado el decreto 70/23 que, de entrada, causó indignación en medios como el “Diario Bonaerense”, el cual exclamó que este decreto venía a “establecer un reordenamiento regresivo de las relaciones laborales sin parangón en la historia argentina, del cual la ampliación de los servicios esenciales es sólo una pequeña parte”, considerándolo una interpretación errónea ya que “Impedir, obstaculizar o directamente eliminar la huelga, no significa eliminar el conflicto, sino sólo eliminar la herramienta que tienen los trabajadores para transitarlo. Significa desequilibrar las relaciones de trabajo, acumulando poder patronal y debilitando a los trabajadores y a sus organizaciones representativas. Porque la huelga no ”es” el conflicto, pero sí “es” la libertad sindical.”[8] En contrapunto a ello, “Clarín” expresó que “La Reforma Laboral incluida en el DNU 70 conmueve los cimientos del derecho del trabajo y crea un ámbito de libertad de contratación que promueve el empleo destrabando cepos y condicionantes que paralizaron el empleo registrado por doce años de los últimos tres gobiernos democráticos. Es, sin dudas, un cambio de mentalidad bajo la cobertura de nuevos paradigmas”[9], mostrando una fuerte inclinación a favor.

A pesar de haber una gran mayoría de diarios que expresaron indignación ante el decreto altamente controversial (declarado inconstitucional en poco tiempo por la Cámara de Senadores y por la C.N.A.T., lo que provocó la suspensión de su aplicación en cuanto al capítulo laboral de aquella norma), no faltaron medios que se mostraran de acuerdo con la restricción establecida en el derecho de huelga, considerándolo una oportunidad para ampliar el ámbito de libertad de contratación a favor de los empleadores.

Esta historia no terminó con el decreto 70/23 o, ni siquiera, con la sancionada Ley 27742, ya que en mayo de este año 2025 el gobierno de Javier Milei dictó nuevamente un decreto, el 340/25, el cual trajo consigo mucho debate. Acerca de esto hablaron, nuevamente, diarios como “La Nación” haciendo mención a lo dicho por la CGT: “Ese decreto, que es inconstitucional, intenta limitar la capacidad de lucha de la clase trabajadora que sólo con la huelga como herramienta logró mejorar sus derechos (...) Es una barbaridad más de un gobierno autoritario que implementa todo por decreto. Este nuevo DNU viola la autonomía sindical, el derecho de huelga protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y viola el convenio 87 de la OIT (Organización Internacional de Trabajo)”[10]. Si bien se puede interpretar que La Nación no adopta explícitamente una postura crítica contra el DNU 340/25, en términos de expresar juicio o condena directa hacia el decreto manteniendo un tono neutral, puede leerse una toma de posición implícita que, sin romper la fachada de objetividad, contribuye a reforzar una mirada objetiva sobre el decreto y remarca la ausencia de circunstancias que justifiquen el dictado de un DNU, resaltando que el Congreso se encontraba con sesiones ordinarias[11]. Pese a ello expresó su respaldo al DNU en una nota posterior, comentando: “Luce por eso razonable el reciente decreto 340, por el cual el Poder Ejecutivo Nacional dispuso limitar el derecho de huelga y ampliar las actividades consideradas esenciales, en uso de las facultades que le confirió la llamada Ley Bases, al declarar la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.”[12]. En el mismo sentido Daniel Funes de Rioja, ex titular de la UIA, dio su postura en “Infobae”, en el cual expresó que “No se trata de prohibir el derecho de huelga, sino de establecer límites razonables para no afectar el interés general”[13]. De igual manera, se explayo Pablo Torres Barthe, abogado del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), quien sostuvo que “el derecho de huelga no es absoluto y necesita regulación”, añadiendo que este decreto busca “frenar huelgas políticas o generales que escapan al marco legal[14]”, como si la lucha o el conflicto fueran un lugar cómodo para los gremios, en pos de tal o cual partido político.

Medios como “La Derecha diario” profundizaron sobre el derecho a huelga basándose en lo dicho por Infobae. Así, exclamaron que: “el decreto está alineado con los convenios internacionales y responde a una necesidad de ampliar la definición de servicios esenciales”[15], expresando su esperanza de que los gremios acaten la reglamentación y prioricen el diálogo.

Pese al respaldo de ciertos medios, numerosos diarios mostraron una postura crítica y alarmada por el intento de restringir el derecho de huelga nuevamente. Entre ellos se encontraba “Jornada”, el cual —dándole espacio al secretario general de ATE para manifestarse— reseñó lo que aquel dijo en los siguientes términos: "De esta manera, la huelga pierde todo sentido y no tendrá ningún efecto" expuso, y señaló que el Gobierno “está apurado y quiere liquidar a los gremios antes que se le terminen las facultades extraordinarias (...) Sin el derecho de huelga estamos condenados a volver a la esclavitud. Tenemos que impedirlo"[16]. Por otro lado, “Página 12” dio visibilidad al recurso de amparo interpuesto por la CGT en contra del decreto porque “atenta contra el derecho de millones de trabajadores". Remarcó que la reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto sino a través de una ley sancionada por el Congreso, considerando que “el gobierno de Javier Milei pretende cercenar el derecho a huelga garantizado por la Constitución Nacional[17]”. 

III. Conclusión

Al analizar el tratamiento que recibió el derecho a huelga observamos una clara polarización tanto antes como después de la promulgación de la ley bases, y sus posteriores decretos. De manera previa al gobierno actual y aunque había opiniones disidentes pidiendo la restricción del derecho a huelga, la mayoría reconocía su estatus como derecho constitucional y su importancia como herramienta de la clase obrera.

La Ley Bases introdujo como norma la idea de limitar el derecho a huelga en favor de la economía, enfocándose en beneficiar al empleador y hacer crecer el empleo formal. Esta visión se reflejó en el respaldo de medios con una postura crítica hacia el derecho a huelga, aunque también se manifestaron medios preocupados por lo que consideraron un retroceso en los avances históricos del derecho laboral. El auge de esta polémica se intensifica con el decreto 340/25, el cual provocó una revolución de medios denunciando que es otro intento para que, a través de diferentes modificaciones del alcance práctico de este derecho, se lo deje finalmente ineficaz en el marco de un proceso de debilitamiento progresivo de un derecho constitucional.

La prensa juega un papel crucial en la cobertura de las huelgas, variando ampliamente la forma de su información ya que lo aborda como una simple notificación de la interrupción del trabajo hasta análisis profundos de sus causas, consecuencias y contexto sociopolítico. Las diversas visiones que se producen sobre un mismo fenómeno dan debida cuenta de que el hecho no es constatable de manera inequívoca o “natural” y que, en este sentido, la prensa no “solamente informa” sino que también promueve el redireccionamiento de las opiniones a las que llega.