Morelli, Martín - El fallo que desató intereses...

EL FALLO QUE DESATÓ INTERESES PERO AÚN NO DEFINIÓ NADA

CSJN "CABANA OPANASIUK, L. C/ UNIR SA Y OTROS S/ DESPIDO” 

I. Introducción

El 5 de noviembre pasado, la CSJN resolvió en el expediente “CABANA OPANASIUK, LEONARDO c/ UNIR SA Y OTROS s/ DESPIDO”[1] revocar una sentencia de la Sala II de la CNAT y mando a que se dicte un nuevo fallo (conforme las condiciones que luego se expondrán) teniendo en consideración la entrada en vigencia de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

Lo importante del precedente que aquí traemos a consideración es que la Corte Suprema mando a revisar la actualización de los montos de una sentencia laboral teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 55 de la Ley de Modernización Laboral y manifestando, sin tener que recurrir a la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561.

Lo novedoso del fallo “CABANA OPANASIUK” no vino por su fondo (ya que no decidió nada relevante sobre la Ley de Modernización Laboral) sino que sobre los intereses que se movieron detrás del fallo y que –en su mayoría- no llevan a un adecuado y acabado conocimiento de la sentencia aquí examinada.

II. ¿Cuál fue el trámite de la presente causa? Los antecedentes del fallo “CABANA OPANASIUK”

1. El trámite ante la Justicia Nacional del Trabajo

1.1. Demanda y sentencia de primera instancia

El actor ingresó a trabajar el 1-10-2012 “…en el establecimiento dedicado al transporte de carga de entrega de mercadería de la codemandada UNIR SA…”en la función de “…encargado de logística y chofer con carga de mercadería[perteneciente] exclusivamente a Fibertel y Cablevisión…Así entregaba a domicilio controles remotos, decodificadores, modem y facturación de Cablevisión - Fibertel…”, en el horario “…de lunes a viernes de 7 a 17 horas…”, a cambio de $48.500. La relación no estaba registrada, ante lo cual el actor remitió carta documento formato art. 11, ley 24.013 exigiendo la regularización de la misma de acuerdo con las pautas que venimos exponiendo; como la patronal negó el requerimiento se consideró despedido y reclama las indemnizaciones por antigüedad, preaviso omitido, aguinaldo y vacaciones proporcionales, salarios caídos, y las multas contempladas por las leyes 24.013, 25.323 y 25.345. Recaba, en especie, la entrega de los certificados del art. 80, LCT.

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 2 resolvió “(…) FALLO: 1) Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 84 y 85, DNU 70/2023. 2)Declarar la inconstitucionalidad del art. 26, ley 402 de la Ciudad de Buenos Aires (texto según ley 6452); 3) Hacer lugar a la demanda interpuesta por Leonardo Cabana Opanasiuk contra Unir SA (…)”.

Respecto a la forma de actualizar el crédito laboral, el Juzgado dispuso “(…) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Oliva, Fabio Omar v. Coma SA s/despido”, de fecha 29-2-2024 ha dejado sin efecto en el caso concreto el Acta Nº 2764/2022 de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Allí, el Tribunal fijó como doctrina que “…aun cuando lo atinente a los intereses aplicables a los créditos laborales es una materia ubicada en el espacio de razonable discreción de los jueces de la causa, cabe apartarse de tal principio cuando la decisión cuestionada, amén de carecer de sustento legal, arriba a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica existente al momento del pronunciamiento (Fallos: 315:2558; 316:1972)…”Por otra parte, y en lo relativo a la capitalización de intereses sostuvo que “…en ese orden de ideas y tal como ha sostenido este Tribunal, la utilización de intereses constituye solo un arbitrio tendiente a obtener una ponderación objetiva de la realidad económica a partir de pautas de legítimo resarcimiento… Si ello no opera de ese modo, el resultado se vuelve injusto objetivamente y debe ser corregido por los magistrados (Fallos: 315:2558; 316:1972; 319:351; 323:2562; 326:259, entre otros)… En la causa, la capitalización periódica y sucesiva de intereses ordenada derivó en un resultado económico desproporcionado y carente de respaldo…”.

En consecuencia, y dado que a partir de en recientes precedentes de este Juzgado y con el propósito de proporcionar robustez al criterio consagrado por la Excma. Cámara en orden a la aplicación del Acta Nº 2764, “cerrando filas” en tiempos en los cuales la Justicia Nacional del Trabajo debe emitir señales contundentes y mayoritarias a la sociedad y su Mundo del Trabajo relativas al principio de intangibilidad de los créditos laborales con apoyatura en el art. 14 bis, CN, he seguido la doctrina impartida por la Sala IV de dicho tribunal, en tanto dispuso la aplicación de los intereses contemplados por el Acta mencionada con una pauta de morigeración con apoyo en lo normado por el art. 771 CCyCN (Autos: “Nicolini, Carlos Rubén v. Provincia ART SA s/accidente – ley especial”, SD del 5-12-2022, del registro del Juzgado Nº 14 del Fuero, (…) En esos precedentes que seguí se dispuso la aplicación de los intereses contemplados por el Acta mencionada utilizándose como “pauta de morigeración”(art. 771 CCCN) el tope del capital histórico actualizado por el índice de precios al consumidor (IPC)con una tasa de interés pura del 6% anual. Ello, y a mérito que tal criterio no contradecía mi reiterada doctrina de declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las leyes de prohibición de indexación, ya que en los precedentes de la Sala IV del Tribunal se asentaron sobre el fundamento que los intereses sobre los créditos originados en las relaciones laborales, cumplen un doble carácter compensatorio: de la ocasional pérdida del poder adquisitivo de la moneda y de la privación del uso del capital por parte del trabajador. Entendí que la morigeración de los intereses anunciada se compadecía con mi parecer original descripto en “Luna v. Larpa SRL”, habida cuenta que, según la doctrina que he replicado hasta ahora (y que en cierto sentido ha quedado neutralizada por el Tribunal Cimero de la República), ello obedecía a que esa carencia no era ponderada con criterio financiero, sino en orden al carácter alimentario del crédito y su función social. Tal ha sido el quid que vengo postulando desde 2016 en todos los casos que declaré inconstitucional e inconvencional a las leyes 23.928 y 25.561.

La crisis jurisprudencial a que ha conducido “Oliva” me lleva a desechar el Acta Nº 2764 (incluso intervenida por la morigeración de la Sala IV). Como es sabido, este tipo de decisiones del Superior no resulta de aplicación obligatoria para los jueces y juezas de primera instancia. Por tanto, resulta razonable volver al criterio original que vengo esbozando desde 2016 y cuyos extensos e intensos fundamentos pueden consultarse en la causa: “Luna, Mauro Elías v. Larpa SRL y otros s/despido” (SD del 17-8-2022, Expte. Nº 13.052/2016 del registro del Juzgado Nº 2 del Fuero, http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=goqogm7tdXr6xCH3N6bPvRGned2o3mI4HKf62Q%2F6DY0%3D&tipoDoc=despacho&cid=196914) y remisiones a fallos anteriores del Juzgado Nº 41 del Fuero. Esa decisión implica que los créditos laborales que se consagran en este decisorio deberán actualizarse con el índice que elabora la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (para mí, Capital Federal), conocido como IPCBA desde que cada suma fuera debida (en este expediente desde el 11-7-2018) y hasta su efectivo pago, con más los intereses calculados al 12% anual sobre la suma reajustada y por el mismo período. La actualización monetaria e intereses desprovistos de escorias inflacionarias, constituye (como lo sugiere la Corte) el mejor ejercicio de prudencia judicial para preservar el valor del crédito laboral de autos. En ese sentido, cumplo con el mandamiento impartido por el Papa Francisco en su exhortación a los jueces y juezas. Dijo el Santo Padre, como lo reflejó la publicación oficial vaticana, que la palabra de Jesús que fundamenta a la Doctrina Social de la Iglesia, es un sendero seguro y luminoso para coadyuvar en el ejercicio de la magistratura. Bajo tal premisa nos animó a los jueces y juezas a reflexionar cada día, preguntándose cada uno y por los demás hasta qué punto el ejercicio del poder público es legítimo… ¿Qué justificación puede tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas y dignas? Y, más aún, nos ha interpelado si se puede ser un buen magistrado o magistrada mirando hacia el costado frente al sufrimiento del otro. Finalmente, nos exhortó a que tuviéramos firmeza y decisión frente a los modelos deshumanizantes y violentos porque“…[l]a paz es una construcción diaria y ustedes son obreros de la paz…”(https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2024-02/comitepanamericano-juces-derechos-sociales-doctrinafranciscana.html, Fecha de consulta: 29-2-2024). La “teoría del valor-trabajo” permanece incólume en esta decisión: el trabajo de hombres, mujeres y diversidades es la principal fuente de valor de todos los bienes y servicios en una comunidad organizada. Actualizarlo de modo que “…asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión…” (art. 116, LCT) a las personas que trabajan, es construir la Paz. (…)”.

1.2. Fallo segunda instancia

La Sala II de la CNAT resolvió el 23 de diciembre de 2024 “(…) 1°) Modificar la sentencia de grado anterior y establecer que el monto diferido a condena en la instancia anterior llevará los accesorios dispuestos en el considerando V) (…)”.

Para decidir respecto al punto que aquí nos interesa sostuvo que “(…) La demandada Unir SA apela los accesorios que decidió aplicar el Dr. Segura (actualización por IPCBA nivel general más un interés del 12% anual).

Al respecto se impone señalar que a raíz de lo sostenido en la materia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “García, Javier Omar y otro c/ UGOFE S.A. y otros s/ daños y perjuicios” Fallos (346:143),“Oliva, Fabio Omar c/ COMA S.A. s/ despido” (causa nro. 23.403/2016/1/RH1 del 29/2/2024) y “Lacuadra, Jonatan Daniel c/ DIRECTV ARGENTINA S.A. y otros s/despido” (CNT 049054/2015/1/RH001, sentencia del 13/8/24), esta Sala sostuvo que corresponde apartarse del criterio nominalista cerrado que sólo habilitaría la aplicación de las tasas de interés que se fijen según las reglamentaciones del BCRA y, al respecto, dispuso declarar la inconstitucionalidad de las normas que vedan la repotenciación de las deudas dinerarias (leyes 23928 y 25561). Ello en el entendimiento que de la actualización de los créditos laborales impagos no se deriva necesariamente una escalada inflacionaria y que claramente la prohibición de estar a mecanismos de ajuste en períodos de elevada depreciación monetaria resulta contraria a normas y principios de raigambre constitucional -arts. 14 bis, 16, 17, 75.22 CN- (v. fundamentos esgrimidos en “Villarreal, Carlos Javier c/Syngenta Agro S.A. s/Despido” (-expediente nº 17755/2021-, S.D. del 27/8/24 y en “Pugliese, Daniela Mariel c/Andes Líneas Aéreas” Expte 38967/22 del 28/8/24, a los que cabe remitirse en homenaje a la brevedad), por lo que cabe modificar en tal sentido la decisión apelada.

Ahora bien, en cuanto a los accesorios a aplicar, estaré al criterio mayoritario sostenido por este Tribunal en la causa CNT 072656/2016 “IBALO, PEDRO MIGUEL (7) c/ TIGRE ARGENTINA S.A. Y OTROS s/ DESPIDO” en la que se estableciera que los créditos laborales se actualicen desde su exigibilidad por el Indice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC y sobre su resultado se adicione un 3% anual de interés puro por igual período, con la aclaración de que, para los periodos en los que se ha medido la variable en consideración, debe tomarse el índice oficial que midió la variación de precios al consumidor a nivel nacional -sea cual fuere la denominación que haya adoptado (IPC, IPCNu, IPC-GBA, etc.)-, y para los meses en que los que no se midió por parte del INDEC tal variación, estar al denominado “IPC alternativo” de conformidad con los datos oficiales considerados en el aplicativo elaborado recientemente por la Oficina de Informática de esta Cámara (conforme criterio de selección seguido por el Estado Nacional en las resoluciones n.° 5/2016, 17/2016, 45/2016, 100/2016, 152/2016 y 187/2016 del MHyFP).

Finalmente creo conveniente aclarar que la capitalización de intereses prevista en el art. 770 inciso b) del CCCN deberá realizarse, por única vez, a la fecha de notificación del traslado de la demanda (cfr CSJN, “Oliva, Fabio Omar c/ COMA S.A. s/ despido” del 29/2/2024).

En virtud de lo hasta aquí expuesto y en atención a los intereses que decidió aplicar el sentenciante, propicio modificar este aspecto de la sentencia y establecer los accesorios de condena de conformidad con lo expuesto precedentemente. (…)”.

1.3. Recursos planteados y movimientos posteriores

El fallo reseñado fue apelado por la parte demandada y se le concedió el Recurso Extraordinario Federal solamente respecto de la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23928 -conf. ley 2556-[2], estando principalmente cuestionado por las demandadas la forma de actualización monetaria establecida.

La demanda fundó su recurso en que “(…) El presente remedio federal se interpone en cuanto la resolución en crisis dispone por un lado la declaración de inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561, y por el otro la aplicación del IPC con más un interés puro del 3% anual como criterio de actualización del capital de condena. Siendo ello manifiestamente inconstitucional, y en consecuencia, su aplicación se torna vulneratoria de derechos de mi representada de máxima jerarquía legal.

Es por ello y, tal como se desarrollará ut infra, que la sentencia recurrida es ampliamente injusta, e inconstitucional, siendo que: (i) Declara la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561, se encuentra en oposición a lo consagrado de manera expresa los supuestos previstos en la Ley Nº 48 en los art. 14 inc. 1, 2 y 3. (ii) Pretende aplicar el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con más un interés puro del 3% anual, el cual no es una tasa de interés sino, tal como su nombre lo indica, es un índice económico, se aparta de lo dispuesto por la Corte en el fallo “LACUADRA JONATAN DANIEL C/ DIRECTV ARGENTINA S.A. Y OTROS S/DESPIDO” EXPTE N° 49054/2015"; (iii) En consecuencia, hace susceptible a mi representada de abonar sumas de dinero abultadas, constituyendo en un despojo arbitrario de su patrimonio, y, en consecuencia, vulnerando gravemente su derecho constitucional de propiedad (…)”.

Luego de ello, y estando la causa en trámite ante la CSJN la demandada presentó el 02/10/2026 un escrito titulado “SOLICITA INMEDIATA APLICACION ART 55 LEY 27802” donde manifestó simplemente “(…) I.- Que vengo a solicitar, en el marco del recurso de queja en curso, la inmediata aplicación del art 55 de la Ley 27.802, atento a la vigencia en lo que respecta a la misma, y a la pacífica jurisprudencia en relación a sus alcances (…)”.

III. La sentencia de la CSJN

Primero, la CSJN establece el contexto: “(…) Que según conocida jurisprudencia de esta Corte, sus sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de la decisión aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del remedio federal y si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la , el pronunciamiento deberá atender litis también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuren situaciones de las que no es posible prescindir (Fallos: 345:549 y precedentes allí citados) (…)”[3].

Luego, hace referencia expresa a la condición sobreviniente: “(…) Que en función de esa pauta corresponde considerar la aplicación a estas actuaciones de las directivas fijadas en la ley 27.802, denominada "Ley de Modernización Laboral", publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, fecha a partir de la cual se encuentra vigente (artículo 217). El artículo 55 de ese cuerpo legal dispone: (…) El precepto señala, asimismo, que sus disposiciones “son de orden público y serán aplicadas por los jueces o por la autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte… (…)”[4].

Finalmente, podemos señalar que la sentencia de la CSJN es breve, pero con una potencia enorme: “(…) Que en virtud de la operatividad de la norma referida, en tanto establece taxativamente los criterios en materia de ajuste de créditos aplicables a las causas laborales sin sentencia definitiva firme, se torna inoficioso un pronunciamiento del Tribunal sobre el punto que dio lugar a las apelaciones federales y a su concesión por parte de la cámara, esto es, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561 (Fallos: 333:244 y 337:1152, entre muchos otros). Sin perjuicio de ello, por aplicación de la doctrina establecida por el Tribunal en el precedente "Peso" (Fallos: 307:2061) y reiterada en pronunciamientos posteriores (Fallos: 315:123; 327:3655; 328:2991; 329:5068 y 345:1042, entre otros), corresponde dejar sin efecto las decisiones recurridas y ordenar el dictado de nuevos fallos.

Por ello, se declara inoficioso un pronunciamiento del Tribunal sobre el punto por el cual fueron concedidos los recursos extraordinarios, se dejan sin efecto las sentencias apeladas en lo pertinente y se dispone la devolución de las actuaciones al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicten nuevos fallos con arreglo al presente. (…)”[5].

IV. Conclusiones

Como primera aproximación DEBO manifestar que este precedente a claras luces NO dice lo que la mayoría de los medios (de todo tipo y color) han decidido informarle a la sociedad en general y a los letrados/as y trabajadores/as en particular.

En “CABANA OPANASIUK” la CSJN NO decidió la aplicación de la Ley de Modernización Laboral a los juicios en trámite anteriores a su entrada en vigencia[6], SINO que le requiere a la CNAT que revise la forma de actualizar intereses conforme la nueva normativa DE ORDEN PUBLICO LABORAL que fue sancionada por el Congreso de la Nación.

Dicho pedido lo hace luego de reafirmar los precedentes “OLIVA”[7] y “LACUADRA”[8] (para la forma de actualización que había utilizado la Sala II CNAT) y dejar asentada la doctrina del precedente “PESO”[9] donde si bien las cuestiones en litigio habían devenido abstractas, el Tribunal resolvió que ciertas y particulares circunstancias conllevaban la necesidad de revocar la decisión apelada. Ha entendido la Corte que se trata de controversias que presentan modalidades especiales, en virtud de las cuales, pese a la inexistencia de interés de las partes que sustente su intervención para resolver las cuestiones litigiosas, ella conserva la jurisdicción necesaria para evitar que la subsistencia de un pronunciamiento de las instancias anteriores cause al recurrente un gravamen no justificado, derivado de la manera en que ha quedado planteado el litigio.

En tal sentido, evitando declarar la inconstitucional de la ley 23.928 y con la nueva normativa de orden público que trajo la Reforma Laboral, la CSJN solicita al inferior que revea la decisión dictada en autos en base a esta nueva normativa.

Finalmente debo citar un detalle no menor: la decisión que adopte la CNAT deberá ser elevada (en caso de recurso de alguna de las partes) al TSJ porteño (no a la CSJN) conforme la nueva ley citada y el precedente “Levinas”[10] del que vengo hablando hace tiempo y deberá ser dicho Tribunal el que resuelva respecto a su aplicación o no, lo que seguramente –conforme los rumores que corren en los pasillos de tribunales- ocurrirá antes en alguna otra causa.

Veremos que ocurre, pero siempre recordemos que hay que informar y no desinformar, sin importar los intereses de por medio.

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