Pidieron que el juez Juan Carlos Gemignani sea apartado de la presidencia de la Cámara de Casación Penal

El reclamo lo hizo el gremio Judicial ante el vicepresidente de ese cuerpo, Carlos Mahiques, con el argumento de que está acusado de "violencia de género". El camarista está citado a declarar este miércoles ante el Consejo de la Magistratura por haber ordenado detener a una secretaria

 

 

La Mesa de Mujeres de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) le pidió por nota al vicepresidente de la Cámara de Casación Penal, Carlos Mahiques, la separación de Juan Carlos Gemignani como presidente del cuerpo, con motivo de la citación a declarar ante el Consejo de la Magistratura por haber ordenado detener a una secretaria letrada de esa Cámara. Gemignani fue convocado para este miércoles 22 de mayo por la Comisión de Acusación y Disciplina del organismo, luego de que fuera acusado de "faltas disciplinarias" en su desempeño como magistrado.
El dictamen acusatorio fue elaborado por la senadora radical Inés Brizuela y Doria, y tras incorporar una mención explícita a la violencia de género, fue aprobado por unanimidad en la Comisión hace diez días. En el párrafo agregado se dejó expresa constancia de que "la medida (la orden de detener a una secretaria de Casación) se efectivizó contra una mujer en el marco de una relación de poder desigual en el ámbito público, que afectó su libertad, dignidad e integridad psicológica".
Las mujeres de la Comisión Directiva del gremio de los Judiciales sostuvieron que "la convocatoria a brindar explicaciones respecto de los actos denunciados por nuestra organización merece, como mínimo, por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, un análisis sobre la idoneidad del magistrado para encontrarse al frente de ese colegiado".
Gemignani fue denunciado por la UEJN en agosto de 2016 luego de un escandaloso incidente en la feria judicial de invierno de ese año, en el que el camarista ordenó detener a una prosecretaria letrada del cuerpo, María Amelia Expucci, que se había negado a cumplir con una orden suya de realizar un inventario de las cajas con equipamiento depositadas en la sala de audiencias del Tribunal.
La citación por el artículo 20 del Reglamento de la Comisión de Acusación equivale a una indagatoria en sede judicial. Sin embargo, se trata de un proceso acusatorio de índole política y no penal, por lo que no se requiere probar un delito, sino dar por acreditado que el juez incurrió en conductas inapropiadas para un magistrado, ya sea desde el punto de vista profesional, ético o moral.
"La persistencia del magistrado en dicha función -presidencia- encontrándose convocado a declarar ante el Consejo por motivos vinculados a la violencia ejercida contra una mujer trabajadora, no respeta la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer". Conocida como Belem du Pará, define a la violencia contra la mujer como "cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito político como en el privado", señala la Mesa de Mujeres de la conducción de la UEJN en la nota a la que accedió Infobae.
"Entendemos que mantenerlo en dicha función resulta un mensaje aleccionador para todas las trabajadoras, no solo para aquellas que cumplen funciones en el edificio de Comodoro Py 2002, sino para todas las mujeres que se encuentran bajo la superintendencia de la Cámara de Casación Penal, tanto en la justicia nacional como de la justicia federal del interior del país", concluye la nota suscripta por las siete directivas del gremio, encabezadas por Carolina Lospennato, secretaria de Asuntos Legislativos y Relaciones Institucionales.

La posición de Gemignani

En su descargo por escrito ante el Consejo, Gemignani defendió su proceder y negó que pudiera caberle la aplicación de la ley de Protección Integral de violencia contra las Mujeres. "La conducta que realicé no implicó ni abuso de poder, ni violencia laboral de ninguna naturaleza, y menos aún tuvo origen en cuestión de género alguna", señaló.
"Sin perjuicio de estar convencido que actué conforme a derecho, si se llegara a entender lo contrario, dado que no estamos en presencia de una ciencia exacta, ello no puede conducir a sanción alguna, puesto que de lo contrario, los jueces -aún equivocados- se encontrarían expuestos a su destitución por el contenido de sus fallos o de sus decisiones", aseveró en el escrito al que accedió este medio.
Consultado por Infobae, el actual presidente de Casación ratificó que actuó "conforme a derecho" por entender que la prosecretaria había "desautorizado una orden" e "intentado encubrir" la existencia de esos bienes que fueron depositados en la sala de audiencia. Explicó que esos hechos derivaron en una denuncia penal de su parte contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su colega de Casación Ana Figueroa, por "dádivas, peculado, y malversación de caudales públicos", porque fue quien recibió de forma "irregular" de esos equipos y mobiliario.
Según explicó, como funcionario judicial estaba "obligado a proceder a la aprehensión de la persona que estaba cometiendo un delito y ponerla a disposición del juez de turno". También destacó que nunca ordenó que Expucci quedara incomunicada. Agregó que, inmediatamente después, presentó una denuncia penal contra la funcionaria por "incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".
Esa denuncia recayó en el juez federal Martínez De Giorgi, quien no solo sobreseyó a Expucci del posible delito de encubrimiento por el que la denunció Gemignani, sino que entendió que lo que sí merecía ser investigado era la actuación del propio camarista, por lo que remitió copia de la causa al Consejo de la Magistratura.

Intento anterior para apartarlo

Lo cierto es la continuidad de Gemignani al frente de la presidencia de Casación -que se renueva anualmente- ya estuvo en discusión entre sus colegas el mes pasado. Fue luego de un nuevo episodio polémico protagonizado por el camarista, esta vez, contra su colega Liliana Catucci, a quien echó "indebidamente" -y a los gritos- de la reunión de acuerdos del 26 y el 28 de marzo.
Gemignani negó que lo hechos hubieran ocurrido de esa manera, y dijo que su pedido de que se retirase de la reunión fue "de común acuerdo" con sus colegas, algo que los demás camaristas no respaldaron.
De hecho, seis de los integrates de la Cámara de Casación propusieron remover a Gemignani de la presidencia de este Tribunal por considerar que "no reúne las condiciones para representar a ese cuerpo y ejercer adecuadamente el gobierno de la jurisdicción".
La otra mitad votó por exhortar al magistrado a evitar comportamientos como el que tuvo con Catucci, a quien se dirigió "en términos inapropiados y con señalamientos de haber incurrido en conductas irregulares".
En paralelo proponían comunicar la decisión al Consejo de la Magistratura, tal como lo dispone el artículo 3º del Reglamento de la Comisión de Acusación que establece que los Tribunales de Superintendencia deben informar a ese organismo de una falta disciplinaria por parte de un magistrado.
Finalmente, prevaleció esta última opción, con el doble voto de Mahiques como vicepresidente, ya que para ese momento Gemignani se había retirado de la reunión. A partir de esta resolución informada al Consejo el 15 de abril pasado, se formó una nueva denuncia que fue sorteada y asignada al consejero juez Alberto Lugones.
Por el "episodio Catucci" la UEJN amplió su denuncia en abril pasado contra Gemignani en el Consejo. Lo consideró "una manifestación más de desprecio y violencia hacia las mujeres" por parte del juez. El gremio reiteró, asimismo, el pedido remoción por "abuso de autoridad, abuso de poder y violencia de género".

Pedido del camarista Llorens

El viernes último, la Cámara Federal sobreseyó a los dos polícias que habína sido procesados luego de cumplir la orden de Gemignani de detener a Expucci. Los camaristas consideraron que los efectivos no podían saber o sospechar que se trataba de una orden ilegal. Fue en la causa que se abrió por una denuncia de la propia Expucci contra Gemignani por "privación ilegítima de la libertad", en la cual este magistrado había resultado sobreseído por la misma Sala I en julio pasado, antes de que fuera llamado a indagatoria por el juez Rodolfo Canicoba Corral.
La Cámara consideró que Gemignani "no tuvo el propósito de abusar de su poder" al ordenar la detención de Expucci, sino que actuó con "un aparente exceso no intencional en la creencia de que estaba cumpliendo con su deber", y descartó que Gemignani hubiese obrado dolosamente con el fin de privarla ilegítimamente de la libertad. Sin embargo, dispuso la intervención del Consejo ante una posible inconducta.
Pese a este sobreseimiento, Canicoba Corral terminó procesando a los dos policías que participaron del procedimiento, a quienes les adjudicó el delito de privación ilegal de la libertad. Ricardo Celestino Contreras y Jorge Luis Iriarte apelaron la medida argumentando que cumplieron órdenes, y la Sala I de la Cámara les dio la razón el viernes pasado por unanimidad.
Sin embargo, Mariano Llorens recordó que tal, como habían resuelto en julio del año pasado, el accionar de Gemignani debía ser investigado por el Consejo. "Esa actitud arbitraria, impropia y avasallante de la investidura con que ha sido distinguido el juez Gemignani por el Estado argentino, contrasta con el decoro, la mesura, la razón, el respeto, la prudencia y la tolerancia que deben estar ínsitos en quienes decidimos sobre los bienes y la libertad de los ciudadanos en un país democrático. Y también con los principios y estándares (inclusive morales y éticos) que buscan jerarquizar la tarea del juzgador", escribió el camarista al fundamentar su voto en el fallo que también firmaron Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Y en este sentido, Llorens concluyó: "La actuación del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Dr. Juan Carlos Gemignani tiene que ser analizada cautelosamente por el órgano de contralor hábil para ese cometido (quien por la gravedad de la situación podría disponer la remoción del cargo), que ha sido creado precisamente para elevar la calidad del servicio de justicia de la Nación".

 

Fuente: www.infobae.com