Reforma judicial: El consejo de asesores convoca a los jueces de la Corte

La comisión asesora del Presidente para proponer reformas a la Justicia se reunió por tercera vez y decidió convocar para los próximos encuentros a los jueces de la Corte Suprema, al procurador interino Eduardo Casal y a miembros del Consejo de la Magistratura, entre otros, para conocer sus opiniones.

La Comisión Asesora que designó Alberto Fernádez para complementar la reforma judicial tuvo su tercera reunión por Zoom y decidió convocar para próximos encuentros a los jueces y la jueza de la Corte Suprema, al procurador interino Eduardo Casal, a la defensora general de la Nación, a integrantes del Consejo de la Magistratura, a organizaciones no gubernamentales del ámbito del Derecho y sindicatos para conocer sus pareceres sobre las posibles transformaciones que se analizan en cada uno de los ámbitos. La invitación a los supremos, en realidad, los juristas pidieron que la formalice el propio Presidente, más aún teniendo en cuenta que entre todo el abanico de temas y problemáticas que analizarán una es --aunque no la única ni central-- el número de integrantes del maximo tribunal.
El primer encuentro de los expertos fue para cuestiones organizativas pero ya el sábado último comenzaron a analizar un tema crucial: ¿Está bien que el/la procurador/a pueda mantener su cargo hasta los 75 años (como los cortesanos)? ¿O debería tener un mandato acotado? ¿Habría que sustituir la exigencia de dos tercios de los votos del Senado por una mayoría simple para elegir a ese jefe/a de fiscales y fiscalas? El asunto es más espinoso todavía teniendo en cuenta que está pendiente la discusión del pliego de Daniel Rafecas, elevado por el Poder Ejecutivo para ocupar ese cargo, pero que hasta ahora no conseguiría la mayoría necesaria para ser nombrado, al tiempo que la reforma judicial apunta arraigar el sistema acusatorio, que precisamente dará protagonismo a las fiscalías, entre otras tantas cosas.
Las posiciones son variadas entre los expertos, aunque no todos han blanqueado frente al resto su postura. Algunos dicen que ya han escrito sobre eso la cuestión del ministerio público, y no tienen problema en explicarlo, como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que es partidario de sostener la mayoría agravada y la duración en el cargo hasta los 75 años o remoción por juicio político. Pero dentro del equipo, donde todo es muy cordial al momento de los encuentros remotos, también hubo algunos enojos porque se filtraron a ciertos medios versiones sobre los contenidos de las deliberaciones. Algunos de los juristas no son partidarios de que se conozcan sus deliberaciones. Tampoco es que han discutido demasiado hasta ahora, más bien han armado agenda. Pero, por ejemplo, uno de los trascendidos hablaba que una mayoría de los miembros está favor de agrandar la Corte Suprema.
En la última reunión, este martes, el tema central fue el Ministerio Público de la Defensa. Marisa Herra, por ejemplo, explicó ante sus pares cuestiones elementales como el diseño de la ley, las funciones y la perspectiva de género. Léon Arslanian, que tiene una fuerte ascendencia en el equipo, ya había hablado con insistencia también de la necesidad de buscar mecanismos para garantizar la representación equitativa en los cargos, pero sobre todo en relación con los cargos jerárquicos, que es donde suele haber grandes diferencias entre mujeres y varones, algo que a veces está relacionado con criterios utilizados en los concursos. Por ahora la comisión dice estar en una etapa de “diagnóstico”.
Habrá reuniones, por lo pronto, sábados y martes. La semana próxima están convocados el procurador interino, Eduardo Casal, y la defensora general Stella Maris Martínez. Quieren escuchar las posturas de ellos respecto de los ítems en discusión. No sólo los mecanismos de selección, remoción y duración en el cargo. También está en debate la idea de incorporar a la estructura del Ministerio Público a la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, que hoy están bajo la órbita del Ejecutivo, aunque la primera ganó autonomía. Sobre la Defensa pública, la clave de análisis es cómo ampliarla y también reforzar la perspectiva de género.
Como la invitación a la Corte a participar aún no se concretó, en el tribunal los supremos esquivan responder si asistirán o no. Hasta ahora habían dejado trascender malestar por no haber sido convocados con anterioridad para dar su opinión. No cae nada bien la posibilidad de una ampliación entre la mayoría de los supremos, pero no ven con malos ojos mecanismos para agilizar el trabajo y revisar cuestiones, por ejemplo, acerca del recurso extraordinario. La tarea de invitarlos quedó en manos de Alberto Fernández. Habrá que ver si aceptan, o si siguen destilando broncas a través de fallos u otras decisiones. 

 

Fuente: http://www.pagina12.com.ar