El Máximo Tribunal se vio envuelto en un tembladeral luego de haber solicitado la causa Vialidad.

El Máximo Tribunal se vio envuelto en un tembladeral luego de haber solicitado la causa Vialidad. Tras correr la versión de que el juicio iba a suspenderse, emitió un comunicado en el que aclaró que el pedido “no suspende el juicio oral en trámite”.

 

 

Tras una decisión que produjo fuerte impacto político cuando el martes se dio a conocer el pedido por parte del Máximo Tribunal de Justicia de todo el expediente de la causa conocida como “Vialidad Nacional”, a menos de una semana del juicio oral, y que en el ambiente se leyó como una señal para que el debate se suspenda, este jueves se publicó un comunicado en el que se aclara que el 21 de mayo el Tribunal Oral Federal nº2 dará inicio a las audiencias.
El pasado martes el Centro de Información Judicial publicó una resolución suscripta en el marco de la causa 5048/2016 - en la que se investiga el supuesto direccionamiento de obra pública en beneficio de empresarios allegados al gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en el que la ex mandataria fue imputada como cabeza de una presunta asociación ilícita- donde se solicita de manera “urgente” los autos principales al Tribunal Oral Federal que se disponía a poner en marcha el debate.
La causa llegó a la Corte luego de que se presente una queja por denegación del recurso extraordinario deducido por la ex presidente, que impugnaba la falta de producción de pruebas durante la instrucción, especialmente una serie de pericias que determinen si hubo realmente irregularidades en la adjudicación de las obras.
Sin “abrir” la queja, la Corte solicitó la remisión del expediente. Según informaron diferentes medios, los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti instruyeron a la secretaría penal del Alto Tribunal a que requiera el expediente completo. Carlos Rosenktrantz no firmó.
Ante la cercanía de la fecha del juicio oral, dentro del gobierno nacional la medida se leyó como un aplazamiento del inicio del debate, así lo expresaron distintos funcionarios en las redes sociales. Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, hizo público su desencanto por la decisión por medio de su cuenta de Twitter. Con menos énfasis se pronunció el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien se refirió más al “mensaje” que se daba antes que a las cuestiones “técnicas”.
En el medio, se dio el debate técnico-jurídico. De un lado, especialistas que rechazaban de plano la suspensión del juicio. Invocaban para ello la letra del artículo 285 del Código Procesal Civil, que regula la tramitación de la queja por recurso extraordinario denegado, y que es claro al expresar que “mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del proceso”.
En medio de la discusión, el fiscal Diego Luciani solicitó que el juicio se lleve adelante en tiempo y forma: le dijo al TOF que le ida a la Corte la devolución del expediente “con antelación suficiente, apelando al argumento de que la interposición de la queja "carece de efecto suspensivo” y que las actuaciones “han sido en su totalidad digitalizadas para agilizar la tarea de todos los operadores judiciales y de las partes".
Todo parecía que iba camino a suspenderse, pero este jueves por la mañana todo cambió. Comenzaron a correr versiones de una marcha “atrás”. El miércoles, los magistrados del TOF estaban convencidos de que el juicio no empezaba, pero el jueves el presidente del Tribunal, Jorge Gorini, dialogó en Radio La Red con el periodista Luis Novaresio, y declaró que el juicio no se había suspendido.
Ese rumor se plasmó en la realidad poco después de las 11 de la mañana, cuando el Centro de Información Judicial publicó un comunicado con 10 puntos, en el que se despejaban dudas: el pedido no suspendía el cronograma del juicio.
Además de ello, desde el Máximo Tribunal explicaron que había un total de ocho recursos más que fueron deducidos por las partes en el marco de la causa principal, todos ellos en trámite, y que “el paso jurídicamente correcto fue solicitar los incidentes de la Cámara Federal de Casación Penal al Tribunal Oral Federal interviniente, que fueron recibidos por el Tribunal en fecha 17 de abril de 2019”. Pero como con esos incidentes no se podían resolver adecuadamente los planteos, se consideró pertinente pedir el principal.
En el comunicado, la Corte negó la existencia de una resolución que haya solicitado los autos, aclarando que el pedido “no tiene firma alguna de los ministros ni disidencias, y se concreta con la sola firma del secretario, tal como es de estilo y como fuera oportunamente publicado”.
Finalmente, se dejó expresamente sentado que “el pedido de autos solicitados por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido. La medida es al sólo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta a dicho tribunal, en tiempo oportuno”.
Al cerrar el comunicado, desde Talcahuano 550 se abrieron otros interrogantes, señalando que se buscaba garantizar la celeridad de los juicios y la defensa de loso imputados, y así “se evitará reincidir en anteriores experiencias jurisdiccionales en las que por no haber ejercido un control oportuno los procesos llevados adelante culminaron nulificándose por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento, generando desconfianza en la sociedad”. 
Del otro lado, invocaban la imposibilidad fáctica de que se ponga en marcha el juicio si el propio Tribunal Oral no tenía el expediente a mano. Además, es prácticamente imposible que en pocos días se llegue a analizar un expediente de más de 60 cuerpos.

 

Fuente: www.diariojudicial.com