Se presentó en Diputados el proyecto de reforma del régimen jubilatorio de magistrados que generó alerta en el Poder Judicial

La UEJN cuestionó que se excluya a prosecretarios y administrativos. Dudas en cuanto al aumento de edad y el régimen de aportes.

 

Lo que durante toda la jornada del viernes fue un rumor que circuló con insistencia por los Whatsapp judiciales, finalmente se concretó con el ingreso del proyecto de modificación del régimen jubilatorio del Poder Judicial a las 19.30 hs. a la mesa de entradas de la Cámara de Diputados.
Un documento titulado “Régimen Jubilatorio para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación” con las modificaciones a la Ley 24.018 empezó a circular por los despachos tribunalicios desde horas tempranas y puso a los judiciales en alerta.
Según el borrador del proyecto, al que tuvo acceso Diario Judicial, y que resultó ser finalmente el texto definitivo, la reforma prevé que tendrán derecho a la jubilación especial magistrados y funcionarios que hubieran cumplido 65 años de edad y acreditasen 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes incluidos en el sistema de reciprocidad jubilatorio. Esto sube en 5 años la edad jubilatoria prevista hasta ahora que es de 60 años tanto para hombres como para mujeres.
Las exigencias serán haberse desempeñado como mínimo 20 años en el Poder Judicial o en el Ministerio Público de la Nación o de las provincias adheridas al Régimen de Reciprocidad Jubilatoria o en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, o haberse desempeñado como mínimo 10 años de servicios continuos o 15 discontinuos en el cargo. Por último, cesar definitivamente en su actividad.
Otro de los apartados del proyecto – y que más resquemor dejó en el ámbito de los empleados judiciales- es el de quienes son los que pueden acceder a la jubilación. Es que el texto vigente de la Ley 24.018 incluye, además de jueces, defensores, fiscales y secretarios, a prosecretarios letrados, oficiales superiores y jefes de despacho, lo que no se encuentra contemplado en el proyecto de reforma.
La iniciativa prevé el mantenimiento del 82% móvil, que será del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas. Idéntica formula respecto de quienes obtengan la jubilación por invalidez. Además, los magistrados o funcionarios que no acrediten el tiempo de servicio, tendrán derecho a que se les reconozca el período durante el cual se hayan desempeñado en los cargos.
Por último, el aporte personal de los funcionarios rondará el 18%, incrementando en un 6% el que rige en la actualidad.
Judiciales habían desmentido que se tratara del texto oficial
Ante la circulación del texto, inmediatamente la Unión de Empleados Judiciales de la Nación salió a publicar un comunicado en donde precisaba que “no se ha confirmado” que sea el proyecto oficial y se declara en estado de alerta y movilización.
Además, el gremio conducido por Julio Piumato expresó que no fue consultado previamente por el Gobierno para aportar su visión al proyecto de reforma, como tampoco tiene conocimiento de que “hayan participado representaciones de los magistrados”.
Los judiciales reiteraron el “discurso” que dice que el régimen de jubilaciones es de “privilegio” y señalaron que no es su culpa – como tampoco la del resto de trabajadores y jubilados- del “saqueo” que ha sufrido el país. “por eso no somos quienes deban pagar las consecuencias”.
El comunicado también recalca su posición a favor de un único sistema jubilatorio para magistrados y funcionarios, y que “están trabajando” en un proyecto en ese sentido. Ese proyecto también considera un mayor porcentaje de aportes, pero “no el 18% de este paper que circula, y 65 años de edad jubilatoria”.
La UEJN también deja sentado que el proyecto es “más elitista” ya que sólo mantiene a la jubilación de los rangos mayores, dejando afuera a prosecretarios jefes, administrativos y categorías similares.
En otro apartado, el comunicado advierte sobre futuros planteos de inconstitucionalidad, porque la iniciativa violaría el principio de no regresividad consagrado en diversos instrumentos internacionales
Sin perjuicio de ello y de acuerdo con lo que pudo indagar este medio, algunos apoyarían el proyecto siempre que se contemple una ventana de tres años para que la edad para jubilarse siga en 60 hasta 2023, aunque hay mayoritarias voces en contra.
Fuentes del ala política del Gobierno tampoco estarían se acuerdo de estirar la edad para jubilarse. Por el contrario quieren que se mantenga en 60 para poder "oxigenar" la Justicia en un plazo razonable.

Fuente: www.diariojudicial.com