La Cámara Federal de Casación Penal brindó nuevas recomendaciones para la situación penitenciaria

Ante la emergencia sanitaria, instó a los tribunales de la jurisdicción a otorgar arresto domiciliario a determinada población carcelaria utilizando los mecanismos de control y monitoreo que estimen correspondientes.

En el día de ayer la Cámara Federal de Casación Penal firmó la Acordada 9/20, por la cual recomienda  una serie de medidas ante la situación de emergencia sanitaria por el virus COVID-19, la cual obliga a la población en su conjunto a realizar el  aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el próximo 26 de abril. 
En este contexto pidió el estricto cumplimiento de las acordadas 2/20 y 3/20 emitidas por la propia Cámara, así como también recomendó a los tribunales de la jurisdicción que adopten medidas alternativas al encierro como ser la prisión domiciliaria utilizando los mecanismos de control y monitoreo que estimen correspondientes, respecto de personas que se encuentren con prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, y en caso de personas condenadas por este últimos tipo de delitos, siempre que se encuentren próximas al cumplimiento de la pena impuesta. 
También hacerlo aplicable para las personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión y personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional. 
Las mujeres embarazadas y/o encarceladas junto a sus hijos/as también integran este grupo, así como también las personas que presenten mayor riesgo para su salud como por ejemplo adultos mayores, personas con discapacidades, inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, enfermedad pulmonar y VIH. 
Dispuso tomar extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo frente a la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno. 
La Cámara entiende que esta serie de medidas vienen por un lado  a alivianar la situación previamente existente de hacinamiento carcelario, con el fin de disminuir los factores de riesgo y facilitar la atención sanitaria frente la aparición de casos de COVID-19, como también ser una respuesta para quienes, privados de su libertad, forman parte de alguno de los factores de riesgo. De esta manera, los jueces deberán asegurar en cada caso, el debido proceso legal y garantizar los derechos de las partes acorde a las circunstancias de cada caso en particular. 
Todas estas recomendaciones se motivaron en los pedidos de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación y de la Procuración Penitenciaria de la Nación, sumado  a las ya recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien exhortó a los Estados a adoptar medidas alternativas a la privación total de la libertad en la medida de lo posible, evitando el hacinamiento en cárceles como factor propagador del virus. En el propio comunicado, el órgano interamericano establece que los Estados se encuentran en especial condición de garantes frente a este grupo poblacional, lo que implica que deben respetar su vida e integridad personal de ellas, asegurando las condiciones mínimas compatibles con su dignidad. 

 

Fuente: www.palablrasdelderecho.com.ar