El Ministerio Público Fiscal dictaminó el tratamiento del protocolo para que los abogados concurran a sus estudios jurídicos

La vista fiscal consideró la mutación del objeto de la medida cautelar iniciada al ser idéntica a la pretensión de fondo.

En el marco de la causa iniciada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal con la finalidad de que los abogados y abogadas concurran a sus estudios jurídicos, el dictamen del Fiscal federal Miguel Ángel Gilligan consideró la mutación del objeto de la cautelar interpuesta. Específicamente, interpretó que los accionados deben dar tratamiento al protocolo presentado para el funcionamiento de la actividad.
Previamente, la acción había sido promovida el pasado 28 de mayo, con el patrocinio de Jorge Rizzo y Juan Pablo Echevarría, contra el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo como objetivo que se exceptúe a los abogados y abogadas de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y se les permita circular para concurrir a los estudios jurídicos y oficinas. 
El amparo, señaló concretamente que “en el marco de los Decretos de Necesidad y Urgencia, que han sido dictados por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, se ha excluido sistemáticamente de toda consideración al núcleo de ciudadanos que ejercen la profesión de abogados".
Luego de la habilitación de la feria extraordinaria para tratar en la causa y la certificación formal de existencia de un proceso colectivo, la Jueza Rita Ailán había solicitado al Registro que se le informara si existía un proceso análogo en trámite ya inscripto, que guarde sustancial semejanza con la presente acción en orden a la afectación de los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos objeto de la causa. Ante la negativa, ordenó la inscripción en el Registro en cuestión y la debida notificación a las partes interesadas.
Ahora la vista del fiscal Gilligan consideró que, conforme el artículo tercero de la Ley 26.854"resulta inadmisible la pretensión cautelar cuyo objeto coincida con el de la pretensión principal". No obstante, interpretó que, según la finalidad de la norma, el juez tiene la facultad de "disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la naturaleza del derecho que se intentare proteger y el perjucio que se procura evitar".

Accedé al dictamen fiscal.
Accedé al amparo.

 

Fuente: http://www.palabrasdelderecho.com.ar