Por primera vez en Argentina juró un defensor público para las víctimas y tendrá asiento en la Provincia de Salta

De manera virtual y con la presencia de la titular de la Defensoría General de la Nación, Stella Maris Martínez, juró Carlos Nicolás Escandar como el primer defensor público de víctimas de Argentina y tendrá asiento en la provincia de Salta.
“Este es un día histórico para el Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) y para el país porque asistimos a la jura del primer defensor público de víctimas. Esta es una figura pionera que no existe en los sistemas de justicia de ninguna provincia ni en ningún otro lugar de Hispanoamérica", expresó la defensora.
Agregó que  "ya en la Defensoría General de la Nación hace muchos años que tenemos patrocino para víctimas de ciertos delitos. Pero la figura del defensor de víctimas es mucho más fuerte, habrá una experticia mayor en el tema; deberán formar una jurisprudencia y una práctica que aún no existe, porque no teníamos defensores especializados en la temática. Por eso hoy es un día tan especial para las víctimas, para el Ministerio Público de la Defensa como institución, y para el país".
Este nuevo magistrado del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) y los próximos/as que asuman las mismas funciones en las 22 provincias restantes y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a medida que el Senado de la Nación apruebe los pliegos y el Poder Ejecutivo dicte los decretos designación, cumplirán un rol jurídico y social de relevancia al garantizar el acceso a la justicia de aquellas personas que sean víctimas de delito y se vean limitadas de ejercer sus derechos en razón de su carencia de medios o por poseer alguna otra condición de vulnerabilidad.
El cargo se creó con la sanción de la ley 27.372 que contempla, en el ámbito del MPD, 24 cargos de defensor público de la víctima y prevé que estos magistrados reciban la colaboración de los defensores públicos coadyuvantes del MPD en el ejercicio de las funciones a fin de asegurar una efectiva prestación del servicio.
Dicha normativa se aprobó el 13 de julio de 2017 por el Congreso de la Nación y contempla que las personas que sufren un delito tienen derecho a ser asesoradas, acceder a la justicia, recibir protección y a ser escuchadas durante el proceso penal y en la etapa de ejecución de la pena. Para eso, los legisladores previeron que las víctimas que no tengan medios económicos o que por algún otro motivo sean vulnerables cuenten con asistencia jurídica gratuita, que incluye los servicios de un abogado para defender sus derechos y para ser querellantes.
Presenciaron la jura por videoconferencia la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ángela Ledesma; el coordinador general del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, Maximiliano Benítez; representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
También estuvieron presentes secretarios generales de la Defensoría General de la Nación (DGN), magistrados y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa y Fiscal de la Nación y del Poder Judicial de la Nación y de la provincia de Salta; además de familiares y amigos de Escandar.