La Resolución N° 480 de la Suprema Corte bonaerense y la reanudación de plazos procesales

Algunas precisiones sobre la disposición del máximo tribunal de la Provincia de Buenos Aires, referida a las medidas digitales para la reanudación paulatina del servicio de justicia

 

Guillermo M. Aban Burgos[1]

I. Introducción
Ante la continuidad del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) dispuesta por el Gobierno Nacional, la SCBA dictó la Resolución N° 480 con el objetivo de “iniciar un camino paulatino hacia fases progresivas de moderada agregación de servicios” (Cons. N° 20).
A tal fin, reglamentó la actividad del poder judicial a los efectos de habilitar “la emisión de toda clase de resoluciones y sentencias digitales acudiendo a su notificación electrónica” (Cons. 22), y “permitir presentaciones electrónicas y los correlativos actos procesales que por su naturaleza no sean incompatibles con la capacidad del sistema de trabajo remoto y con la directiva del ASPO, reanudándose a tal efecto los plazos” (Cons. 24).
La Resolución ha recibido críticas por su intrincada redacción, si bien no es difícil interpretarla a la luz de sus propios considerandos. A partir de aquí, algunas propuestas para comprender si el próximo 6 de mayo hay una reanudación en la actividad judicial o no.

II. La  regla: prórroga del asueto
El artículo 1° dispone prorrogar el asueto con suspensión de términos dispuestos por la Resolución 386 hasta el 10 de mayo inclusive, pero aclarando que “regirá con las adecuaciones que se establecen”. Aún cuando indirectamente se llegue a una virtual reanudación de plazos, es importante dimensionar que ante situaciones no previstas rige la suspensión.

III. Dos dimensiones de la reanudación
Al reanudar términos, la norma distingue entre órganos judiciales y litigantes, asignando fechas diferentes como punto de partida.
En este punto es necesario señalar que para jueces y partes el vencimiento de plazos procesales trae aparejadas consecuencias muy diversas. En su caso, el órgano podría afrontar algún planteo de tipo disciplinario, pero para los justiciables implica la preclusión de sus facultades. Veamos:

1. Para el órgano judicial:
A partir del 29 de abril del corriente, en los fueros Civil y Comercial, de Familia, Laboral, Contencioso Administrativo y de Paz, se reanudaron los plazos para el dictado de toda clase de resoluciones, sentencias y de su notificación electrónica. Quedarán también habilitados los plazos posteriores en los procesos alcanzados por esta norma, de acuerdo a los términos del artículo siguiente (Art.3°).
Está claro que para la administración de justicia se reanudaron los plazos el 29 de abril, pero con la importante flexibilización del artículo 4, que veremos a continuación.
Emitidas las primeras resoluciones quedan habilitados todos los plazos posteriores, lo que algunos jueces informalmente denominan “habilitación por expediente”.
La norma no contempla reanudación para los auxiliares de justicia, de tal suerte que su actividad quedaría en suspenso conforme el artículo 1°. Tal conclusión se ve reforzada por lo dispuesto en el artículo 7.

Relativización del principio
La contundente reanudación aparece suavizada por el artículo 4 que aludiendo a las presentaciones electrónicas de las partes, indica que su “despacho por los órganos judiciales se realizará en la medida que los medios tecnológicos disponibles lo permitan”.
Esto va en línea con lo expuesto en los considerandos 23 y 24, donde se menciona la valoración que deben realizar los jueces para dictar resoluciones que no sean de “urgente despacho”, y se reseñan los obstáculos que atraviesa la administración de justicia.
En concreto, para el dictado de sentencias interlocutorias y definitivas pendientes hay reanudación de plazos. Las prioridades para resolver serán evaluadas según su urgencia (Cons. 23). Las presentaciones que hagan las partes se irán despachando en la medida que los medios tecnológicos lo permitan (artículo 4).

Otras actividades del órgano judicial
Por otra parte hay un blanqueo de la actividad que oficiosamente venían haciendo muchos juzgados. Destaca el considerando 10 “que un considerable número de jueces y tribunales de las diversas instancias de la provincia ha transitado ese camino de innovación, adecuando sus labores a pesar de las severas dificultades que presenta este complejo y delicado estado de cosas, tal como dan cuenta los reportes del sistema de gestión”. Y el considerando 11 que “en toda la Administración de Justicia se han profundizado los esfuerzos destinados a procurar el mayor aprovechamiento de las funcionalidades tecnológicas en el actual contexto de estrechez financiera, a fin de viabilizar la tramitación remota de procesos mediante el trabajo domiciliario por medios informáticos”.
Con fundamento en aquellas premisas, la SCBA dispone en el artículo 6: “Mediando petición de parte, los órganos judiciales podrán autorizar, en atención a las circunstancias y según su sana discreción, el uso de herramientas tecnológicas accesibles para la realización a distancia de actos procesales que de otro modo pudieran verse impedidos. Los órganos judiciales podrán ordenar la realización de actos procesales de cuya suspensión o postergación pudiera derivarse un grave perjuicio a derechos fundamentales, a practicarse mediante el uso de las herramientas tecnológicas disponibles”.
En el artículo 7 aclara que  los órganos judiciales podrán autorizar la producción de prueba de peritos en todo o en parte, de reconocimiento judicial, de informes y documental (a contrario sensu deducimos que está suspendida), según su sana discreción, cuando los medios tecnológicos disponibles lo permitan y no implique afluencia o traslado de personas a la sede de los organismos o dependencias judiciales o al lugar donde deba practicarse la diligencia. El mencionado artículo también prohíbe realizar algunos actos de manera virtual:
a. La declaración de testigos y la absolución de posiciones;
b. Las audiencias de vista de causa en los procesos laborales y de familia;
c. La audiencia con niños, niñas y adolescentes.
No obstante hay que tener en cuenta que las nulidades procesales son de carácter relativo, de modo que si las partes prestan su consentimiento previamente para realizar cualquiera de estos actos por medios telemáticos, muy difícilmente podrían plantear su nulidad a posteriori.

2. Los litigantes
Para el inicio de nuevas causas sigue rigiendo la prohibición, y sólo podrán darse curso a las urgentes y a las que estén próximas a prescribir conforme el artículo 5, siendo “urgente” aquello que no admite demora sin causar un perjuicio irreparable en los derechos esenciales de las personas.
Respecto de las causas en trámite, dispone el artículo 4 que: “A partir del 6 de mayo del corriente, se reanudarán los plazos para la realización de presentaciones electrónicas y actos procesales compatibles con las restricciones vigentes en razón de la pandemia y la emergencia sanitaria, cuyo despacho por los órganos judiciales se realizará en la medida que los medios tecnológicos disponibles lo permitan y siempre que no impliquen afluencia o traslado de personas a la sede de los organismos o dependencias judiciales o al lugar donde deba practicarse la diligencia".
Se reanudará también el curso de los plazos correspondientes a todo acto o diligencia procesal posteriores a cada presentación, cuya realización fuere compatible en los términos del párrafo anterior.
Las previsiones de este artículo no serán aplicables a los órganos judiciales del fuero de familia, los cuales continuarán su actividad bajo las normas de emergencia vigentes y lo prescripto en el artículo 3”.
La redacción no es muy clara, pero podemos interpretarla junto con sus fundamentos y en armonía con las Acordadas N° 3886 (presentaciones electrónicas) y 3842 (escritos de mero trámite).
La clave de la deficiente redacción radica en que los términos procesales no transcurren según la modalidad de su realización (papel, electrónica, oral). Los plazos corren o no, y sólo durante su vigencia los litigantes podrán realizar actos procesales eficaces.
Las partes tienen facultades, obligaciones y cargas que deben realizar en un tiempo oportuno, y bajo este enfoque, habrá algunas que pueden y deben [2] ser cumplidas mediante presentaciones electrónicas (Ac. 3886), y otras que por exigir alguna actividad material del cliente, participando o firmando ológrafamente, no podrán ser satisfechas (ya sabemos que las audiencias están suspendidas).
a. En este contexto, para los litigantes que actúen bajo la figura del mandato, se reanudan plenamente los plazos, puesto que los apoderados deben realizar todas sus presentaciones de modo electrónico.
b. Lo mismo podemos decir de los casos de actuación por derecho propio si es que la parte cuenta con firma electrónica o digital. En ambos casos se puede litigar sin salir del aislamiento.
c. En los casos de actuación por derecho propio, habrá cargas procesales que no podrán ser satisfechas electrónicamente, y por tanto se encuentran con el plazo suspendido (o bien se suspenderá cuando el avance del proceso se trabe con una diligencia que requiera presencia física fuera de los domicilios).
Hay una idea-fuerza presente varias veces en la Resolución: la actividad procesal no debe implicar la afluencia o traslado de personas a la sede de los organismos o dependencias judiciales o al lugar donde deba practicarse la diligencia (lo que incluiría al despacho de los abogados).
La firma ológrafa de escritos es una diligencia que debe practicarse simultáneamente por el patrocinante y su cliente, de tal suerte que implica un desplazamiento de personas prohibido por el decreto PEN 270. Por su parte, hasta el momento la abogacía no ha sido catalogada como actividad exceptuada.
La única circunstancia que podría habilitar a salir del aislamiento a firmar estaría dada por la excepción del artículo 6 inciso 6 decreto PEN 270, referido a personas que deban atender a circunstancias de fuerza mayor. De tal suerte que el firmante del escrito se ve en la necesidad de atender una circunstancia grave, bajo amenaza de afectación inminente de un derecho fundamental.
Fuera de estos supuestos, los ciudadanos deben respetar el ASPO, y salir a firmar escritos resulta un acto de cumplimento jurídicamente imposible, tanto para abogados como para clientes, y en consecuencia no deben correr los plazos.
Concretamente, el plazo para la presentación de cualquier escrito, que necesite integrarse con la firma ológrafa del cliente, y no sea un caso de fuerza mayor en los términos del decreto PEN 270, goza de la suspensión de términos.
No obstante, es conveniente que el profesional actuante solicite del órgano una declaración expresa en resguardo de los intereses de su cliente, y sobre todo para prevenir la aplicación de un criterio diverso. También podría solicitar el uso de la franquicia del artículo 48 CPCC, lo cual quedará a consideración del juez.

¿Cuáles serían presentaciones con plazo suspendido?
La respuesta podemos construirla con la Acordada 3886 sobre presentaciones electrónicas, y la Acordada 3842 sobre escritos de mero trámite. Concretamente, siempre que medie actuación por derecho propio, y el cliente no posea firma digital o electrónica:
- Contestación de demanda, reconvención.
- Oposición y planteo de excepciones.
- Interposición y fundamentación de recursos
- Solicitud de medidas cautelares, levantamiento y transformación.

A modo de conclusión
Hay presentaciones que pueden (y deben) ser hechas de manera electrónica, y otras que no podrán serlo, atento a que debe intervenir la parte firmándolas ológrafamente.
Por su parte, las cargas procesales que pueden satisfacerse de manera telemática deben realizarse. A este respecto, plazos corren y la preclusión es operativa.
Las cargas procesales que no pueden ser satisfechas electrónicamente se encuentran con el plazo suspendido.

 

Notas
[1] Docente de Derecho Procesal Civil y Comercial UNLP
[2] Ac. 3886 Artículo 1° (Obligación de efectuar presentaciones electrónicas)

Con excepción de la demanda, de cualquier escrito de inicio del proceso y demás supuestos expresamente  contemplados en este Acuerdo, todas las presentaciones que realicen las partes, sus letrados y los auxiliares de justicia en un proceso judicial serán generadas y rubricadas electrónicamente.

 

Fuente: http://www.palabrasdelderecho.com.ar/articulo.php?id=1402