Coronavirus en Argentina: la Corte bonaerense frenará las excarcelaciones masivas de presos

El tribunal aceptó tratar un recurso de queja del fiscal Carlos Altuve para detener liberaciones. Hablan de un fallo “ordenador”.

La Corte Suprema de Justicia bonaerense empezó a analizar el recurso contra las resoluciones judiciales que habilitaron excarcelaciones a detenidos en el marco del coronavirus y se dispone a poner un freno a las liberaciones masivas. Es por el planteo que presentó este lunes el fiscal bonaerense ante ese tribunal, Carlos Altuve.
El funcionario judicial, con la presentación ante la Corte, buscaba frenar el habeas corpus colectivo que impulsó el juez Víctor Violini y que fue la llave para las prisiones domiciliarias y morigeraciones de penas a presos en la Provincia. En el escrito, Altuve consideró que el fallo de Violini es de una "extrema gravedad institucional con una ostensible falta de argumentación".
Tras recibir la presentación de Altuve, el pronunciamiento respecto a la cuestión de fondo ocurrirá antes de diez días. Según anticiparon fuentes judiciales, tendrá un carácter “ordenador”, pero pondrá un freno definitivo a las salidas masivas de presos. La resolución de Violini era de caracter general y disponía que cualquier juez pueda adherir. La Corte pondrá límites y ordenará que se analice cada caso en particular y que sean los jueces naturales los que decidan. Además, dejará en claro que las domiciliarias regirán para los delitos leves y para casos de riesgo de coronavirus. 
El presidente de la Corte, Daniel Soria, y los jueces Eduardo De Lázzari, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan y Sergio Torres se alinean en los fallos. Pero lo cierto es que el peso social de los cacerolazos por las salidas de los presos está en la cabeza de los ministros de la Corte que ahora deben definir sobre las excarcelaciones. Hubo un fuerte reclamo popular en contra de las liberaciones. 
Este martes, la secretaría de Asuntos Penales de la Corte elevará el primer informe a los ministros para la consideración. Se entiende que lo admitirán para avanzar en un ordenamiento jurídico tras el descontrol de las domiciliarias masivas
La pandemia de COVID -19 había acelerado la presentación de un habeas corpus colectivo de los 18 Defensores Oficiales de la Provincia. Como el vicepresidente del Tribunal, Víctor Violini, resolvió con su sola firma hacer lugar al pedido y habilitó y aceleró las salidas de presos. Antes había permitido el uso de celulares a los detenidos que terminaron amenazando a sus víctimas. 
Entonces aparecieron las liberaciones cuestionadas. Ya hay por lo menos tres jueces bonaerenses apuntados para un posible jury ,por firmar arrestos domiciliarios de personas en cursos procesales de delitos graves. Y sin comprobación cierta de situación de riesgo.
La Suprema Corte tratará, en primera instancia, la comprobación de “inaplicabilidad de la Ley”, atribuible a los fallos de Casación.
Del informe de la secretaría Penal surgirá que, desde el 8 de abril -cuando Violini habilitó el habeas corpus colectivo de los Defensores- se registraron 599 morigeraciones en las condiciones de prisión. En ese listado están aquellos presos que cumplieron su condena, o que tienen otros regímenes como la libertad condicional o asistida. En total, son 2.200 los reclusos que dejaron los penales bonaerenses. De ellos, la Procuración General de la Suprema Corte evalúa 148 casos de morigeraciones. Consideran que no tenían mérito para la excarcelación.
Del listado que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) remitió a Violini, con los presos anotados por los Defensores Oficiales para ser beneficiados por las excarcelaciones, sólo 150 tuvieron andamiento en las respectivas causas. Palabras del mismo Violini, quien insiste en ponerse a cubierto porque “la decisión siempre es de los jueces naturales”.
Es el mismo argumento del presidente de la Casación, Ricardo Borinsky, quien en definitiva rechazó el primer recurso de Altuve y firmó otra resolución para el cumplimiento efectivo de lo avalado en el habeas corpus colectivo.
Con un aditamento: en el caso de los delitos graves, la ponderación queda en exclusividad de los jueces, sin marco conceptual alguno. Es decir, otra vez el caldero debajo de los tribunales inferiores.
Pues bién, la Corte no tiene injerencia para meterse en aspectos procesales.
¿Entonces, cuál es el Fondo de la Cuestión que deberá arbitrar?
Una vez resuelta la admisibilidad, dará vista a la Procuración General. Se sabe, el procurador Conte Grand está en contra de los resuelto por Casación. La Corte tomará nota. Pero el dictamen del procurador no es vinculante.
El ojo de los ministros estará en develar si Casación “desconoció” la potestad de los jueces naturales de las causas con la resolución que habilitó las excarcelaciones. También si Violini- Borinsky obviaron establecer qué categoría de delitos, sus penas, o sus condiciones procesales revisten carácter de “leves”.
El fiscal Altuve sospecha que la lista de presos en condiciones de acceder a los beneficios del habeas corpus colectivo pueden estar amañados. Es con esas nóminas pormenorizadas redactadas por el Servicio Penitenciario (SPB) que los jueces resuelven. Pero hay fiscales que deberían controlar. En apariencia, no hubo previsión de aviso a los fiscales en el momento de las liberaciones.
Dice Altuve, con criterio, que las víctimas debieron ser informadas en cada caso de liberación. En el sistema judicial nacional está contemplado. En la Provincia, desde algunos espacios partidarios de la Legislatura apoyan con vehemencia al fiscal de Casación en el derecho de las víctimas. Propios y extraños (oficialistas y opositores) no reparan que en julio 2017, cuando se incorporó esa potestad en Nación, diputados y senadores bonaerenses deberían haber sancionado una Ley de Adhesión. No ocurrió, y ahora ese planteo está en un límite abstracto. Aunque una legislación nacional siempre arrastra el comportamiento general.

 

Fuente: https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-corte-bonaerense-aceptara-tratar-tema-excarcelaciones-espera-fallo-ordenador-_0_dWfll9G3y.html