En un determinante fallo, la Suprema Corte bonaerense declaró constitucional la Ley 14.442 que prevé la independencia de los defensores oficiales con respecto al Ministerio Público Fiscal.

 

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires emitió un histórico fallo en la causa "Procuradora General c/ Prov. Bs. As.".  donde declaró la constitucionalidad la ley que establece la independencia de los defensores oficiales con respecto al Ministerio Público Fiscal, sancionada por la legislatura en 2013.
En su momento, la ex Procuradora María del Carmen Falbo presentó un amparo para declarar la inconstitucionalidad de la norma por entender que se desdoblaban las competencias del organismo. Sostenía que se le otorgaba ala Defensa Pública de una autonomía que le corresponde a la Procuración.
Para los cortesanos, la ley cuestionada es esencial para para "la efectiva protección de las garantías individuales y libertades públicas de los más vulnerables", que se logra "con la independencia funcional y presupuestaria de la Defensa Pública respecto a los otros órganos del Estado y de los jueces y agentes fiscales".
Los miembros del Superior Tribunal provincial resolvieron que hasta tanto se cubran los puestos requeridos para el funcionamiento independiente pretendido, Julio Conte Grand, actual Procurador, deberá continuar ejerciendo dichas funciones. 
Con la sanción de la ley, la Legislatura provincial "introdujo en el ambito local un marco normativo enderezado a superar las dificultades que respecto a la independencia y autonomía funcional de la Defensa Pública Oficial evidenciaba la regulación anterior", sostiene el fallo. En esa línea, agrega que el diseño propuesto por la ley "refuerza el rol de la defensa como instrumento eficaz para garantizar el acceso a la justicia de las personas".
A su vez, "es una herramienta capaz de afianzar una defensa imparcial que resguarde la igualdad efectiva de las partes en el juicio y el denido proceso legal", argumentaron los miembros de la SCBA.
Con esta sentencia, el Consejo de la Magistratura deberá llamar a concursos, en un plazo razonable, para cubrir los cargos de Defensor General y Subdefensor General, creados por la ley y lograr la independencia allí descripta. 

 

Fuente: www.diariojudicial.com