La Justicia Federal rechazó un amparo que pretendía que el Poder Judicial cree un registro de hábeas corpus colectivos

El juez interviniente resaltó la inexistencia de un “caso” y que la Interventora del Servicio Penitenciario Federal no cuenta con legitimación para realizar el reclamo colectivo.

El juez Federal a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°10, Walter Lara Correa, dispuso el rechazo in limine del amparo iniciado por la Interventora del Servicio Penitenciario Federal, donde requería que se cree un registro de hábeas corpus colectivos para evitar decisiones contrapuestas entre los distintos órganos jurisdiccionales.
En dicha presentación, la Interventora Laura Garrigós había solicitado “la implementación de un registro público de procesos colectivos y la acumulación y tramitación de los expedientes ante una misma autoridad judicial”, proponiendo al Juzgado en lo Criminal y Correccional N°3 de la Capital Federal por ser el único juzgado competente territorialmente que ha admitido la acumulación de hábeas corpus colectivos.
Asimismo, había solicitado se dicte una reglamentación de carácter general que proteja el derecho a la salud, a la seguridad y garantice las condiciones carcelarias dignas a la población penitenciaria.
A la hora de resolver, el juez Lara Correa indicó en primer lugar que si bien “el Servicio Penitenciario Federal resulta competente respecto a la organización y traslado de las personas privadas de libertad y, a su vez, dicha facultad está sujeta al debido control judicial suficiente”, es la Procuración Penitenciaria de la Nación quien representa al colectivo de las personas privadas de la libertad.
En efecto, relata que este órgano cuenta con autonomía e independencia y su objetivo es proteger los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
A su vez, el magistrado señaló que tampoco surge con claridad que la Interventora resulte una “representante adecuada” en los términos exigidos por la doctrina que la Corte Suprema desarrolló en “Halabi”, así como tampoco se encuentra acreditada una situación de problemas de acceso individual a la justicia (Fallo “CEPIS”).
En definitiva, la conclusión del juez es que la Interventora del SPF “carece de un interés concreto, inmediato y sustancial que permita la configuración de una 'causa', 'caso' o   'controversia'", por lo que la acción de amparo colectivo iniciada se verifica como “improponible e imposible de canalizar por esta vía”.

Accedé a la sentencia.

 

Fuente: http://www.palabrasdelderecho.com.ar