El Poder Ejecutivo prohibió los despidos y suspensiones por 60 días

Se aplica para los supuestos de despido sin causa, de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.

Alberto Fernández, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 239/2020, prohibió los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor; como también las suspensiones por los dos últimos supuestos. La medida regirá por el plazo de sesenta días, contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Se estipula en el marco de la Ley 27.541 que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social; y su ampliación por Decreto Nº 260/2020 en materia sanitaria.
En suma, la norma intenta extremar la protección de la Estabilidad de las relaciones laborales, considerando que en su art. 4º establece que "los despidos y suspensiones que se dispongan en violación de las prohibiciones no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales".
A propósito, se trata de restricciones a la operatividad de los arts. 245 y 247 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, respectivamente; toda vez que contemplan los supuestos mencionados y regulan las bases para el cálculo de los montos indemnizatorios ante su acaecimiento.
Por otra parte, cabe recordar que el Decreto 297/2020 de fecha 19 de marzo del corriente dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio de la población, lo que se traduce en una respuesta del Estado a la pandemia mundial del Coronavirus, cuyos efectos impactan, necesariamente, sobre la actividad económica del país. 
En consecuencia, y en forma concomitante con el 329/20, por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 326/2020, el Ejecutivo dispuso la constitución de un Fondo de Afectación Específica en el marco de la Ley N° 25.300 con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso por parte de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a préstamos para capital de trabajo y pago de salarios.
En este sentido, las PyMES afectadas en forma crítica por la crisis  sanitaria -valoración sujeta a diversos parámetros- serán beneficiarias de un “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” que operará hasta el 30 de abril de 2020, consistente en:
- Suspensión del vencimiento de las contribuciones patronales al SIPA -no incluye obras sociales y PAMI- devengadas en los meses de marzo y abril de 2020; reducción del pago de las contribuciones patronales al ANSES hasta en un 95% durante el mes de abril en las empresas de hasta 60 trabajadores. En el caso de plantas que superen dicha suma, para acceder a este beneficio deberán promover el Procedimiento Preventivo de Crisis.
- Creación de una “Asignación Compensatoria al Salario” para las empresas de hasta 100 trabajadores del sector privado comprendidas en la Ley 14.250 de Convenios Colectivos de Trabajo, a saber: empresas de hasta 25 trabajadores, ANSES cubre hasta el %100 del neto salarial con un máximo de un salario mínimo por cada trabajador ($16.875); 26 a 60 trabajadores, solventa el neto salarial con un máximo equivalente al 75% del salario por cada trabajador ($12.656); 61 a 100 trabajadores, salda el neto salarial, con un máximo equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil por cada trabajador ($8.437,50). 
Finalmente, en relación a las empresas que superen los 100 empleados, a través del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) el ANSES abonará una suma de entre $6.000 y $10.000 a todos los trabajadores bajo convenio del sector privado, con el aditivo del carácter “no remunerativo”.

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